La solicitud del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa de autorización para más endeudamiento externo por un monto equivalente a $6.000 millones, distribuidos a lo largo de varios años y condicionado a la puesta en práctica de medidas de ajuste fiscal, tiene varias implicaciones. El esquema se conoce como eurobonos.
El gobierno calcula la autorización por $6.000 millones, pero un grupo grande de diputados considera procedente, por ahora, aprobar solo $1.500 millones y dejar lo demás sujeto a la verificación del cumplimiento de metas. De no lograr lo previsto, se cancela la autorización, pues los desembolsos restantes deben corresponder a un premio por hacer bien la tarea, no es un cheque en blanco. Huelga decir que este escenario teórico —no se cumplen las metas fiscales durante los próximos años y, además, no habrá alivio financiero externo— es altamente perjudicial para la economía.
Por otro lado, el ingreso de $1.500 millones de eurobonos, y de otras sumas prestadas por entes multilaterales, podría, como afirmó el presidente del Banco Central (BCCR), Rodrigo Cubero, en entrevista con este medio, el 10 de abril, tener efectos sobre las tasas de interés y el tipo de cambio. Lo primero es bien recibido por los demandantes de crédito, pero lo segundo no es del agrado del sector exportador, pues vería reducidos sus ingresos en colones. El presidente del Banco Central estima que el efecto cambiario puede reducirse porque parte de esos recursos se utilizarían para pagar deuda externa denominada en dólares (“BCCR impediría baja del dólar si entran eurobonos”, La Nación, 10/4/2019).
Lo que fuera utilizado por el Ministerio de Hacienda para pagar obligaciones denominadas en colones, colones que el BCCR le vendería, implicaría un aumento en los medios de pago, lo cual podría atizar la inflación. El Banco Central explica que para evitar dicho efecto, procedería a “esterilizar” esa emisión monetaria mediante la colocación de bonos de estabilización. Como para colocar dichos bonos el Banco debe reconocer una tasa de interés atractiva a los inversionistas, la medida implica que el costo real de los eurobonos estaría constituido por la tasa de interés que se les reconozca, más lo que el Central deba pagar por la “esterilización”.
Otro aspecto relevante es que el BCCR, desviándose de lo que fue la práctica, procedió a incluir en los supuestos que fundamentan su Programa Macroeconómico actual, el ingreso de los $6.000 millones, cómodamente distribuidos durante los próximos años. Si la autorización no se diera o se produjeran retrasos en los desembolsos, las proyecciones del Banco variarían y el ente emisor debería proceder a elaborar un nuevo programa.
La idea de aprobar $6.000 millones de una sola vez, como pide la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, o dejar los desembolsos sujetos al cumplimiento de una serie de metas de reducción del déficit fiscal, adquiere importancia si se tiene en consideración que, el solicitar a la Asamblea Legislativa aprobaciones parciales va a demandar mucho tiempo y una consecuencia sería la demora innecesaria de las entregas futuras. De la verificación del cumplimiento de las metas estipuladas, debe encargarse la Contraloría General de la República.
Los resultados del gobierno, para estabilizar en algún nivel cercano al 60 % del producto interno bruto el endeudamiento, no son de fácil alcance, pues no solo dependen de una baja sostenida en el déficit primario, e idealmente transformarlo en un superávit, sino del crecimiento de la economía a una tasa anual lo suficientemente alta como para compensar el costo ponderado de la deuda del Gobierno Central. Por ahora, el crecimiento económico dista mucho de lo deseable y, por tanto, el trabajo en equipo del gabinete y del sector empresarial del país es clave. Si se lograra avanzar lo suficiente en este campo, el desempleo y la pobreza podrían disminuir. De no tener éxito en este empeño, una nube gris se cierne sobre el futuro cercano.