13 marzo

La reforma fiscal fue aprobada por amplia mayoría y superó, por criterio unánime, el examen de la Sala Constitucional. El presidente, Carlos Alvarado, estampó su firma en la ley y el Ministerio de Hacienda comenzó a ponerla en práctica luego de publicada en La Gaceta. No hay marcha atrás. Lo sabíamos meses antes de la votación legislativa, pero solo una imaginación febril podría creerlo en este momento.

Sin embargo, en febrero, once niños de la escuela unidocente de Las Garzas, en Upala, esperaban el regreso de su maestra al aula. La educadora se unió a la huelga contra el plan fiscal el 10 de setiembre y, pasados cinco meses, se resistía a abandonarla pese al fracaso de la protesta. El Ministerio de Educación debió enviar un sustituto para no perjudicar más a los estudiantes.

No estaba sola. Otros miembros del Sindicato Patriótico de la Educación (Sinpae) insistían, a esas alturas, en demandas cuya satisfacción nunca estuvo en manos del Ministerio de Educación y ni siquiera podían ser atendidas por el presidente de la República. Era tarde para retirar el proyecto de ley del Congreso. Hacía tiempo había dejado de ser un proyecto y, si bien sirvió para evitar el despeñadero, aún no basta para resolver el desequilibrio de las finanzas públicas. Hace falta legislar más, no renunciar a lo legislado.

Pero los niños de Las Garzas pagaron la factura por la persistencia en una pretensión imposible. Fueron las víctimas más afectadas de todo el sistema de educación pública. Pocos educandos se salvaron de la huelga, pero poquísimos se vieron tan perjudicados. Ni siquiera los alumnos de los demás huelguistas recalcitrantes se vieron privados del derecho a la educación tan radicalmente como los de Las Garzas. La escuela unidocente quedó por completo cerrada desde el momento en que su directora y única maestra se unió a la huelga.

Los niños de Las Garzas, como los del resto del sistema público de enseñanza, están en desventaja frente a los alumnos de escuelas y colegios privados. La desventaja existe aun cuando las lecciones no son interrumpidas y crece con el abandono de las aulas por los educadores del sector público. Pero para los centros educativos unidocentes el daño es mayor, por razones obvias, en contraste con el resto de las escuelas estatales. Es la población estudiantil más vulnerable y, en el caso de Las Garzas, sus desventajas frente al resto del sistema público crecieron con cada día de clases perdidas.

El Ministerio de Educación dice no tener certeza, todavía esta semana, de que funcionarios sigan en huelga, a 20 se les abrió un expediente disciplinario por ausentismo, supuestamente afiliados al Sinpae, confirmó el periodista del Ministerio de Educación.

La pregunta más inmediata es sobre el compromiso de los educadores con sus alumnos. Los miembros del Sinpae no hicieron más que llevar al extremo lo que otros docentes realizaron durante meses. Su radicalismo, las necesidades insatisfechas de once niños afectados y la angustia de los padres debe llamar a la reflexión.

Es necesario que los maestros se detengan a pensar sobre esos vergonzosos hechos, pero también los legisladores, ahora que adelantan esfuerzos para regular un derecho de huelga susceptible de abusos tan extraordinarios. Ojalá el Ministerio tenga éxito en el empeño de despedir a los huelguistas recalcitrantes, quienes debieron dejar de recibir sueldo, pero, por el contrario, reclamaron el pago de pluses salariales alegando discriminación porque el dinero sí estaba llegando a manos de quienes se reintegraron a las aulas.

Los miembros del Sinpae se mantuvieron en huelga a la espera de la declaratoria de legalidad o ilegalidad de su movimiento. Como se sabe, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito Judicial lo declaró legal. Ese fallo de poco les servirá a los niños de Las Garzas, pero sí les hará un gran favor la Asamblea Legislativa al aprobar la reforma al Código de Trabajo y declarar la educación un servicio público esencial, donde la huelga esté prohibida y los maestros, profesores y administrativos deban encontrar la solución a sus demandas mediante otros mecanismos de presión.