Los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están obligados a comprar alimentos al Consejo Nacional de Producción (CNP) que, inesperadamente, exigió reconocer aumentos de hasta un 73 % en las carnes de res y cerdo. Los hospitales rechazaron la pretensión y, desde noviembre, encaran dificultades para mantener esos productos en la dieta de pacientes y funcionarios.
El aumento promedio pretendido por el CNP es del 30,5 % en los hospitales del sur del país y entre un 22 % y un 32 % en otras regiones. En todos los casos, superan por amplio margen la estimación del índice de precios al consumidor (IPC). Según el índice elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la variación acumulada de las carnes entre diciembre del 2020 y noviembre del 2021 fue del 10,15 %.
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Las explicaciones del CNP son desconcertantes. Comienzan por la admisión de que los aumentos se apartan de la metodología y se fundan en las cotizaciones entregadas por los seis proveedores de la institución. “Con los precios que establecimos con la Caja, nos salimos de la metodología. Son precios que establecimos entre la Caja y los suplidores directamente”, dice Óscar Quirós Mena, director de la División Agrocomercial del CNP, sin detenerse a explicar las razones del abandono de la metodología. La participación de la Caja en la fijación de precios, por otra parte, no queda clara tras el rechazo de los aumentos por esa institución.
A los hospitales les dijeron que el ajuste de precios se debe al aumento en los combustibles, al alza del costo de la carne en los mercados internacionales y a la crisis de contenedores, pero no les ofrecieron datos precisos para justificar el encarecimiento de los productos en las diversas regiones del país, dijo Giselle Rojas Núñez, directora administrativa y financiera del Hospital Nacional Psiquiátrico, encargado de los contratos con el CNP por la Gerencia de Logística de la Caja.
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A la pregunta de La Nación, el CNP respondió señalando alzas en las materias primas, especialmente el maíz amarillo utilizado para alimentar el ganado, pero tampoco ofreció documentos para acreditar los costos.
Según José Angulo, gerente general del CNP, el aumento promedio de la lista de 19 productos cárnicos es del 17 %. Prometió enviar documentos de respaldo mediante la oficina de prensa, pero no lo hizo. Asimismo, aseguró que distribuidoras privadas de carne ofrecieron a la Caja precios “totalmente disparados” antes de la firma del convenio con el CNP, pero no pudo respaldar la afirmación con prueba fehaciente. “Ese dato exactamente no lo tengo, pero sí... a nosotros alguien nos comentó, de manera extraoficial, que los precios eran totalmente disparados”, afirmó.
Similares son las “razones” dadas a los hospitales. Verónica Obando, jefa de contratación administrativa del Hospital Nacional Psiquiátrico, describe el proceso en los siguientes términos: “Ellos mandan un oficio diciendo que ahora van a regir estos nuevos precios (...). El oficio no tiene sustento de nada. Ellos nada más dicen que, por ejemplo, si antes la carne valía ¢3.000, ahora vale ¢5.000. ¿En qué se fundamentan para eso?”.
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La fundamentación está de más. El CNP tiene un mercado cautivo ante el cual no se siente obligado a rendir cuentas ni a dar explicaciones. Por eso, entrega productos en mal estado a las escuelas sin el temor que tendría un proveedor privado a perder el contrato. Por eso, cobra muy por encima de los precios de mercado a la Fuerza Pública y ni siquiera las autoridades pueden saber con certeza si entre los frijoles comercializados hay granos importados.
Las consecuencias son para terceros. En este caso, los pacientes y el personal de los hospitales de la Caja y, en otros, los estudiantes necesitados de alimentos o los policías. La afectación es constante para los contribuyentes y las arcas del Estado. El expediente de las negociaciones con la Caja no está en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde deberían tramitarse para garantizar el buen uso de los recursos públicos, pero ese no es el objetivo del CNP.