5 abril

Los números simple y sencillamente no dan. Es imposible mantener el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social sin alterar sus beneficios mientras la demografía nacional da un vuelco tan radical como previsible. Las jubilaciones son concedidas a costa de las futuras y la cuerda se agotó. Ya ni siquiera hay posibilidades de “patear la bola para adelante”, lo cual no quiere decir que todos los sectores lo reconozcan.

El fondo requiere, para sostenerse, de un mínimo de 6 trabajadores activos por cada pensionado. En el 2017, había 6,38, uno menos que en el 2000 (7,31). En el 2030, el acelerado envejecimiento de la población resultará en 3,9 activos por pensionado, dos menos del mínimo necesario. Para ese escenario falta apenas una década. Como es evidente, falta mucho menos para caer debajo del mínimo.

La situación del régimen de pensiones más grande del país no puede ser visto como la amenaza de una crisis futura. Es un problema de apremiante actualidad. Si las reglas no cambian, un trabajador de 50 años tramitará su pensión poco antes del 2035, cuando el número de cotizantes por jubilado habrá descendido a casi la mitad de lo necesario para mantener las condiciones actuales (3,4).

Pero las condiciones de hoy ya son mucho menos favorables que las de inicios de siglo. En el 2000, el IVM pagaba a los pensionados un 60 % del salario de referencia, pero el porcentaje ha venido cayendo hasta ubicarse entre el 43 % y el 52,5 %. La pérdida de valor era totalmente previsible, según consta en el reglamento de la Ley de Protección al Trabajador, aprobada en el 2000.

Precisamente fue esa previsión la que impulsó a los autores de la ley a crear el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) complementarias, cuya madurez se alcanzará en el 2040, y el régimen voluntario. Ya en el 2000, el gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez sabía de la imposibilidad de mantener el mismo nivel de beneficios e ideó la forma de complementarlos, pero faltaban unos 25 años para alcanzar el completo desequilibrio entre cotizantes y pensionados del IVM. Ahora, estamos a las puertas de ese acontecimiento.

Un cuarto de siglo es mucho tiempo para preocupar a quienes estaban a punto de pensionarse y demasiado para convocar a la acción a jóvenes de 35 años, con toda la vida laboral por delante y apenas capaces de imaginar el día de la pensión. Así, pasó el tiempo, en medio de debates entre especialistas de la Superintendencia de Pensiones (Supén), quienes advertían el peligro, y las autoridades de la seguridad social, empeñadas en presentar números color de rosa y, también, en restringir la difusión de los datos menos favorables.

La vida de quienes hoy están por pensionarse, nacidos a mediados de la década del 50, ha transcurrido en el marco de las grandes transformaciones demográficas, advertidas décadas atrás. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el 2035, cuando el número de cotizantes llegue a 3,4 por pensionado, el 16 % de la población tendrá más de 65 años y solo un 25 % tendrá menos de 20. En 1960, las cifras eran de 3,5 % y un 55 %, respectivamente. En el 2060, los mayores de 65 años superarán en número a los menores de 20. Serán un 25 % de la población y los jóvenes apenas un 22 %.

No hay salida, salvo nuevos ajustes al régimen y, desde luego, no serán para mejorar las condiciones de los pensionados. Las opciones están entre elevar las cotizaciones, recortar los beneficios o aumentar la edad de pensión. También podría haber una combinación de dos de ellas o de las tres. Ninguna es fácil y todas son de altísimo costo económico y político. La otra salida es no hacer nada y dejar pasar más tiempo hasta el día del derrumbe total.

Esas realidades deben estar en mente cuando el país debate sobre otros regímenes de pensiones, como los de privilegio y los complementarios. En el caso de los primeros, sus beneficiarios deben poner los pies en la tierra y dejar de soñar con futuras garantías, apoyos o rescates financieros del Estado. Habrá una empobrecida legión de pensionados del IVM para quienes esa última inequidad será imperdonable.

En el caso de las pensiones complementarias, solo deberíamos pensar en fortalecerlas, porque en el 2035, cuando estén cerca de alcanzar la madurez de sus 40 años, podrían resultar un apoyo indispensable frente a la inevitable erosión del régimen básico. Ojalá los diputados lo comprendan.