Editorial

Editorial: Hora de reformar el Reglamento legislativo

Las principales bancadas del próximo Congreso han manifestado su voluntad de impulsar una reforma al Reglamento legislativo. Similares manifestaciones se escucharon en el pasado sin éxito, pero la realidad política del momento exige actuar en aras de la gobernabilidad.

Cuando se habla de gobernabilidad –o falta de ella– no tarda en aparecer el problema del Reglamento legislativo. El problema está presente desde hace décadas y casi todos los partidos políticos se han manifestado a favor de una reforma, conscientes del clamor de la opinión pública, pero se arrepienten cuando pierden la presidencia de la República o quedan en minoría.

En la época del bipartidismo, el triunfador en las elecciones proclamaba, de inmediato, la necesidad de una profunda enmienda. La oposición, no importaba quién la ejerciera, preparaba la zancadilla con la misma presteza. En la era del multipartidismo, las alianzas parlamentarias creadas para arrebatar el Congreso al partido gobernante también enarbolaron la bandera de la reforma, pero poco hicieron.

La última enmienda, aprobada a mediados del 2015, redujo de cuatro a dos los días para presentar mociones de fondo con base en el artículo 137 del Reglamento. Esas mociones devuelven el expediente a la comisión dictaminadora, donde la discusión del cambio propuesto puede tomar meses. La reforma también redujo el tiempo de intervención de los legisladores en los debates no reglados, como los celebrados para nombrar magistrados, defensores de los habitantes y contralores, o autorizar el atraque de buques extranjeros artillados, entre otros.

Quizá el cambio más importante, por sus implicaciones para la transparencia, es registrar el voto de cada legislador en los segundos debates, lo cual permite valorar el desempeño, mejora la rendición de cuentas y obliga a cada cual a asumir la responsabilidad de sus actuaciones. Sin embargo, las dudas suscitadas por la destitución del magistrado Celso Gamboa y las referencias a votaciones secretas en algunos casos, demuestra la insuficiencia de la reforma.

Por fuera quedaron propuestas indispensable para mejorar la gobernabilidad y hacer valer el principio democrático de la toma de decisiones por mayoría, con respeto a las minorías, pero sin concederles derecho a veto. Con frecuencia el país ha contemplado el espectáculo obstruccionista de un reducido grupo de diputados, y a veces de uno solo. Todavía resuenan las palabras de un jefe de fracción que prometió “permitir” la votación de un proyecto, como si no fuera un derecho de los demás legisladores y del país.

Precisamente, entre las reformas necesarias está la fijación de plazos para votar los proyectos y la modificación del artículo 138, que permite presentar mociones de reiteración en tres sesiones, cuando una bastaría. Una enmienda al artículo 154 para exigir una votación calificada cuando se pretenda devolver los proyectos a comisión y la fijación de un plazo razonable para la emisión de nuevos dictámenes, también contribuiría a reducir la mora del Congreso. La presidencia legislativa y las de las comisiones deberían estar facultadas para rechazar mociones dilatorias, repetitivas o improcedentes, siempre con derecho de apelación, y el tiempo de los debates debería ser asignado a las fracciones, no a cada diputado.

Traer a discusión las reformas de fondo en este momento es oportuno porque las principales bancadas del próximo Congreso han manifestado su voluntad de impulsar el cambio y añaden propuestas como la posibilidad de introducir determinado número de proyectos de su interés cada año a la corriente legislativa, con plazo de votación.

Similares manifestaciones se escucharon en el pasado, pero la realidad política del momento exige actuar. La atomización de la Asamblea Legislativa planteaba problemas inéditos en la época del bipartidismo y la etapa de aprendizaje debe ser superada. Nunca antes una administración tuvo una bancada tan reducida, pero a todos interesa darle la posibilidad de gobernar, con los debidos acuerdos.

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