3 abril

Nadie como el Partido Acción Ciudadana contribuyó a demonizar las alianzas público-privadas para desarrollar infraestructura y proveer servicios. Los días “heroicos” del discurso fácil en el parque de San Ramón todavía están frescos en la memoria. No hay nueva carretera, ni la habrá en muchos años, pero cuando finalmente exista, el peaje será más caro, según funcionarios de la propia administración pasada.

Quizá cuando el deterioro y la obsolescencia de la carretera lo exijan, otro Foro de Occidente, con propósitos diametralmente opuestos, reclamará la tramitación de un contrato de concesión a un Estado incapaz de financiar la obra con recursos propios. El fideicomiso creado por ley en febrero del 2015 muestra tan poco avance que su fiduciario, el Banco de Costa Rica, no tiene claras las características de la obra y mucho menos el costo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció el propósito de ampliar los puentes en la ruta mediante la inversión de unos $65 millones, lo cual abaratará los peajes en la lejana fecha de conclusión de la obra, de apenas 60 kilómetros. Abaratar no significa eliminar, y habrá peaje, se amplíe la carretera mediante fideicomiso o concesión. No hay más salida.

Durante cinco años consecutivos, el gobierno se ha visto obligado a subejecutar los fondos destinados a infraestructura en un presupuesto de todas formas exiguo, dada la situación fiscal. El año pasado, los recursos no gastados representaron la quinta parte de la inversión planeada y hay poca esperanza de una mejora dramática a corto plazo. No hay $65 millones para ayudar a la ejecución de todos los proyectos necesitados de financiamiento.

Por eso, el Partido Acción Ciudadana está de regreso, al menos en esta administración, de la demagogia utilizada para ganar su primer periodo de gobierno. La retórica de años de oposición creó amarras imposibles de desatar en ejercicio del gobierno. Las ataduras más bien se afianzaron durante la campaña conducente al primer éxito electoral.

Al final de la administración, el ministro de Obras Públicas y Transportes German Valverde confesó que el peaje podría superar ¢4.000, la viceministra de Infraestructura Giselle Alfaro calificó de error la cancelación de la concesión y lamentó la interferencia de pasiones políticas en la toma de decisiones trascendentales, y el Banco de Costa Rica anunció, en enero del 2018, que la etapa preoperativa tomaría 1.126 días —unos 37 meses— según cálculos optimistas.

Esas manifestaciones podrían entenderse hoy como precursoras de un cambio de mentalidad. Ya en campaña, el ahora presidente habló con claridad sobre el empleo de alianzas público-privadas para desarrollar infraestructura. Es una demostración de realismo ante la cual solo queda lamentar el tiempo perdido. Ahora, en el despacho de la primera dama, se habla de un tren rápido con participación privada, para no mencionar la frecuente invocación de la figura en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Hasta el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, por boca de su presidenta ejecutiva, Yamileth Astorga, habla de invitar empresas a participar en las urgentes labores de saneamiento ambiental. Son obras urgentes y vitales; 25 de las 34 cuencas hídricas del país están contaminadas, y sin agua no hay vida. La situación apremia y no hay recursos disponibles. Panamá ya tiene experiencias exitosas justamente en el campo del saneamiento, y los encargados de resolver el problema en nuestro país estudian ese y otros casos. Las alianzas público-privadas son inevitables en nuestras circunstancias, es hora de reconocerlo, como lo hace el nuevo gobierno del Partido Acción Ciudadana.