25 febrero

La torpeza del decreto creador de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) es incomprensible por una larga lista de motivos. Para comenzar, su existencia es imposible si pretende acceso a información confidencial almacenada en instituciones legitimadas para poseerla. La Constitución y las leyes no pueden ser más claras y el intento de establecer una excepción por decreto ejecutivo da risa.

La norma siempre estuvo destinada al basurero y los asesores jurídicos de la Casa Presidencial debieron comprenderlo a la primera lectura. En el frente legal, el decreto exponía al gobierno a una rápida derrota y a pasar por la vergüenza de una medida cautelar contra la violación de los derechos individuales.

Hay razones para hacer una pausa y moderar la retórica. Las mociones de censura son prematuras en ausencia de claridad sobre lo ocurrido.

No es menos torpe la falta de previsión de las reacciones de la opinión pública y la apertura de un flanco para el ataque político. No hizo falta acudir a la Sala Constitucional. El propio presidente de la República derogó el decreto en cuanto calibró la intensidad de la protesta. Poco después, suspendió por completo las labores de la oficina de análisis de datos.

Esa última decisión subraya la torpeza de extender, hasta terrenos vedados por ley, el ámbito de acción de una actividad perfectamente legítima y deseable. El análisis de datos es indispensable para diseñar y ejecutar la política pública en áreas de vital importancia, como el combate a la pobreza, donde la duplicidad de funciones, la cantidad de beneficiarios no calificados para recibir ayuda y la mala ubicación de los necesitados restan eficacia a los programas. Las empresas modernas aplican la técnica, así como los gobiernos de todo el mundo y las instituciones dedicadas al estudio de problemas sociales y económicos.

El análisis necesario para orientar política pública no requiere de datos confidenciales y, si en algún momento su utilización pudiera facilitar el trabajo, los analistas deben resignarse a transitar rutas menos expeditas. En última instancia, hay formas de desvincular los datos de la identidad de las personas. Los datos que no identifiquen o faciliten la identificación de sus propietarios pueden ser utilizados sin reserva. Son meros insumos de la estadística.

La torpeza del decreto y su insensibilidad frente a los derechos fundamentales está acreditada. El propio gobierno la reconoció con la derogatoria inmediata. Sin embargo, es importante distinguir entre la publicación de la norma y la violación material de la privacidad. La pregunta relevante es si la UPAD tuvo acceso a información confidencial antes de la derogatoria del decreto. Si lo hizo, el gobierno debe sufrir las consecuencias, así como los responsables de manejar la información, incluidos quienes la hubieran entregado a contrapelo de sus deberes de custodia.

Pero existe la posibilidad de un simple gazapo. Ningún dato es despreciable para los analistas y, si el exceso de celo técnico se combina con la ignorancia del derecho, puede surgir la absurda aspiración plasmada en el decreto. La publicación de la malograda norma apunta en esa dirección. Si el propósito de la UPAD era el espionaje y lo venía ejecutando desde tiempo atrás, ¿por qué no siguió haciéndolo en silencio, sin llamar la atención con una publicación en el diario oficial?

La publicación del decreto hace pensar que los técnicos, desconocedores de la ley, creyeron en la eficacia de una autorización presidencial para lograr sus propósitos, sin que necesariamente tuvieran la intención de ejecutar actos ilícitos. Si hubieran satisfecho esos propósitos de antemano, el decreto no tendría sentido.

Es posible que se les hubiese negado acceso a informaciones confidenciales o se les hubiese advertido que no lo tendrían, y creyeran hallar una solución en el decreto. En ese punto, debió aparecer una voz de sensatez para señalarles el error. No la hubo, y eso preocupa, pero la integridad de los datos confidenciales no habría sido vulnerada.

Hay razones para hacer una pausa y moderar la retórica. Las mociones de censura son prematuras en ausencia de claridad sobre lo ocurrido. Por ahora, no hay indicios de actividad ilícita. Solo conocemos la publicación de un decreto irreconciliable con el orden constitucional y su inmediata derogatoria. La investigación debe seguir su curso y también el país. Hay otros problemas urgentes.