28 julio

El año entrante se intensificará el uso de intereses generados por la reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para pagar pensiones. Lejos de crecer, el fondo echará mano de sus rendimientos. Transcurridos siete años, los ingresos no alcanzarán para financiar los beneficios. Tres años más tarde será necesario recurrir al fondo principal, hasta agotarlo en el 2037.

Todo está a la vuelta de la esquina. El derrumbamiento del régimen de pensiones más grande del país, con 294.554 jubilados en la actualidad, es una catástrofe anunciada hace muchos años. El único cambio es la imposibilidad de seguir negando la crisis, como acostumbraba la (CCSS) hasta hace poco tiempo.

Para posponer las soluciones, la institución convocó, en el 2017, una “mesa de diálogo” cuyos protagonistas no tardaron en admitir el carácter temporal de las medidas acordadas y previeron la necesidad de volver sobre el tema en un plazo absurdamente corto, tratándose de un asunto en el cual las proyecciones son, por naturaleza, largas.

La mesa de diálogo fracasó, como era de prever, y el deterioro sigue avanzando, como se sabe desde hace, cuando menos, una década. Otra mesa de diálogo podría alargar la agonía, quizá hasta un momento cuando sea demasiado tarde. Las soluciones urgían hace años. Ahora estamos a las puertas de una tragedia, acelerada por la pandemia que ya restó 100.000 contribuyentes al régimen de un total de 1,4 millones.

Las opciones no son atractivas. La Superintendencia de Pensiones (Supén) lo sabe y se animó, no obstante, a hacer una propuesta: trasladar al IVM la contribución patronal del 7,25 % sobre los salarios y modificar las condiciones de retiro. El traslado de los recursos repercutirá en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), destinatario del 5 % de las planillas; en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), receptor del 1,50 %; y en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), al cual corresponde el 0,50 %. El Banco Popular recibe el 0,25 % restante.

Fotografía Mario Rojas /La Nación 13/2/ 2015. Con fines ilustrativos.
Fotografía Mario Rojas /La Nación 13/2/ 2015. Con fines ilustrativos.

Fodesaf y el IMAS administran considerables programas sociales. El INA, especialmente después de la transformación planteada por su actual administración, podría desempeñar un papel estratégico en la formación de personas capacitadas para impulsar el desarrollo, la productividad y las inversiones. Pero la alternativa es dejar a 300.000 ancianos en la calle luego de una vida dedicada a cotizar para la pensión prometida —lo cual es impensable— o aplicar la directriz constitucional de pasar la cuenta al gobierno.

La superintendenta Rocío Aguilar se pronuncia por trasladar los fondos de la cotización patronal al IVM porque reponer los recursos a Fodesaf, el IMAS y el INA mediante el presupuesto nacional tendría menos impacto que poner al gobierno a pagar pensiones. No hay buenas soluciones, sino la posibilidad de administrar consecuencias, malas y peores.

La oportunidad, o más bien la necesidad, se presenta para revisar la frondosa burocracia dedicada a la asistencia social, la cantidad de instituciones del ramo y la duplicidad de funciones, así como perfeccionar la asignación de recursos para asegurar el beneficio de los más necesitados. La revisión del gasto social debe incluir los subsidios antaño concedidos a estratos medios de la sociedad y, al fin, el establecimiento de un régimen único de pensiones.

16/01/2020. Curridabat. Hora: 10:25 a.m. Entrevista con la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, realizada en su casa de habitación ubicada en Curridabat. Fotos: Mayela López
16/01/2020. Curridabat. Hora: 10:25 a.m. Entrevista con la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, realizada en su casa de habitación ubicada en Curridabat. Fotos: Mayela López

Para cumplir el objetivo de alargar la vida del IVM otros 25 años, hasta el 2061, los beneficios tampoco pueden quedar incólumes. La Superintendencia recomienda calcular las pensiones sobre la totalidad de los salarios devengados, traídos a valor presente, y no sobre los últimos 240. La edad de retiro de las mujeres se equipararía a la de los hombres (62 años) y el mínimo de cotizaciones pasaría a 360 en lugar de 300.

La propuesta de la Supén merece una valoración rigurosa y urgente, con consideración de las demás reformas necesarias para alargar la vida del IVM y, al mismo tiempo, evitar el desplome de los programas sociales. Estamos en circunstancias difíciles porque hemos venido huyendo de las decisiones. Ya no hay dónde esconderse.