EscucharEl seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está enfermo y, según los actuarios, pronto comenzará a presentar problemas graves. Se trata de una malísima noticia porque el IVM es el sistema de retiro más grande del país, compuesto por 1,7 millones de trabajadores y 88.000 patronos cotizantes. En él confía la mayoría de los costarricenses para sobrellevar con dignidad sus años otoñales, cuando la capacidad para producir ingresos por otras vías merma o desaparece.
Según el estudio elaborado por la Dirección Actuarial de la CCSS, con datos al 31 de diciembre del año pasado, la reserva del seguro comenzará a reducirse en el 2030 y se agotará en el 2037. Las medidas necesarias para corregir el problema son fuertes y, según manifestaron los autores del análisis, deben tomarse cuanto antes, pues, conforme pase el tiempo, más grande será el esfuerzo correctivo.
Una solución es elevar las cotizaciones a casi el 25 % de los sueldos, según los expertos. Es un incremento difícil de aceptar. Otra consiste en elevar en dos o más años la edad de jubilación para ajustarla al aumento en la expectativa de vida de la población asegurada. También es posible optar por reducir los beneficios del seguro, es decir, el monto de la pensión para que, en vez de un 60 %, sea un 50 % o un 40 % del salario de referencia. La rebaja ayudaría a abaratar los costos administrativos del sistema.
El remedio, muy probablemente, consista en una mezcla de esas opciones, pero es preciso hallar la fórmula cuanto antes. Esto último preocupa, precisamente, por la tendencia a posponer las medidas difíciles. Hay estadísticas vitales e información sobre las tendencias y finanzas, lo cual habría permitido hacer los ajustes con mucha anticipación, sin recurrir a soluciones de choque. Las debilidades del IVM son conocidas desde hace mucho tiempo, pero las medidas tomadas por la CCSS son tímidas y tardías. Subyace una cierta irresponsabilidad de quienes ocupan cargos en los órganos llamados a actuar, particularmente la Junta Directiva de la CCSS. Al parecer, mientras el asunto no reviente en su período, consideran mejor dejar a sus sucesores la toma de la acción correctiva. Ya llegamos al límite de las posposiciones.
La Junta Directiva de la Caja conoció y aprobó el informe técnico Valuación actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de julio del 2019, y el 29 de noviembre conformó un grupo interno de trabajo para que, en un plazo de tres meses, presente un menú de propuestas correctivas, las cuales serán objeto de discusión con los interesados: trabajadores, patronos y gobierno para que, seis meses después, presenten las recomendaciones, idealmente consensuadas. Como se ve, están mediando en esto plazos demasiado largos para resolver un problema tan apremiante.
Si el IVM falla, el gobierno deberá salir a apoyarlo, pues, a fin de cuentas, se trata de un problema con implicaciones cuasifiscales. Como sabemos, las finanzas públicas de Costa Rica también atraviesan por un período de vacas flacas.
En una entrevista concedida a La Nación, el gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, quizá por respeto a la Junta Directiva y a otros interesados, fue demasiado vago sobre los cursos de acción disponibles. Sus respuestas dejan la sensación de que por primera vez se entera del problema, y lo único que afirmó con seguridad fue que “no tenemos mucho tiempo para reformar el IVM”.
Los actuarios trabajan con cifras objetivas y presentan escenarios con el efecto cuantitativo de las diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. Las autoridades de la CCSS deben escoger un conjunto de soluciones para garantizar que el IVM no se desfinanciará en el futuro cercano, como sucederá en ausencia de acciones para subsanar el problema.
Los seguros de Enfermedad y Maternidad y de Invalidez, Vejez y Muerte administrados por la CCSS, constituyen un gran logro en materia de seguridad social. No debemos, por desidia, permitir que la enfermedad se agrave.
