Editorial

Editorial: Historia de inequidad

El salario escolar es ejemplo de cómo intenciones inconfesas se aderezan con antojadizas justificaciones para crear privilegios ruinosos

A fines del siglo pasado, el gobierno no pudo hacer frente a un aumento salarial esperado por su personal y ofreció compensarlo con un salario adicional al año. Desde entonces, el Estado paga el salario escolar, un nuevo aguinaldo, a la postre exclusivo del sector público.

El apellido «escolar» intenta justificar un beneficio salido de la manga del prestidigitador político del momento. El propósito, dijo el gobierno, es ayudar a los padres de familia a sufragar los gastos del regreso a clases. Por eso, se acordó pagarlo en enero, pero la medida nunca tuvo el propósito anunciado. La paternidad o custodia de niños o adolescentes inscritos en el sistema educativo no es requisito para recibir el decimocuarto salario.

Tampoco fue cierto, como se dijo al inicio para ganar apoyo, que el beneficio sería para todos los trabajadores. Poco tardó en quedar clara su exclusiva aplicación al sector público. Otros intentos de disimular la naturaleza del privilegio lograron sobrevivir varios años. Hicieron falta sentencias de la Sala Constitucional para descartar que se trate de la devolución de un ahorro o del fruto de deducciones acumuladas a lo largo del año. El salario escolar es parte del salario ordinario, lo cual acarrea consecuencias para el debate en curso sobre la eliminación de exoneraciones.

En el año 2008, la Asamblea Legislativa decidió exonerarlo del impuesto sobre la renta. Es el único ingreso salarial libre de esa obligación que se paga a partir de los ¢842.000 mensuales. Es decir, el Congreso exoneró a los empleados públicos mejor pagados. La justicia tributaria perseguida con el gravamen a los salarios superiores solo vale para el sector privado, al cual tampoco se le paga el salario escolar.

El beneficio es ejemplo de cómo intenciones inconfesas se aderezan con antojadizas justificaciones para crear privilegios ruinosos. El procedimiento se repite una y otra vez en todos los ámbitos y escalas: disposiciones legales, reglamentos y convenciones colectivas. Basta con recordar la ley de enganche médico, también inventada para resolver un problema circunstancial sin pensar en las consecuencias a largo plazo ni explicar efectos inconfesables, como el sacrificio de los salarios del Gobierno Central para evitar aumentos catastróficos en el sector médico, donde cada ajuste a los sueldos más modestos del Ejecutivo tiene repercusiones millonarias.

La historia ayuda a entender el apoyo de la Contraloría General de la República a la eliminación de la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar. La medida generaría equidad contributiva, dijo el subcontralor Bernal Aragón a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, encargada de tramitar la ley de eliminación de exoneraciones fiscales como parte del ajuste negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el Ministerio de Hacienda, eliminar la exoneración del salario escolar recaudaría cerca de ¢43.561 millones anuales, pero las razones de equidad esgrimidas por la Contraloría son igualmente atendibles. Se trata de un beneficio exclusivo para los funcionarios mejor pagados.

La crisis fiscal es producto de concesiones hechas para salir del paso y cálculos electorales irresponsables. El país no puede seguir por ese camino, no importa si las demandas surgen de grupos de presión del sector público o, más bien, nacen del privado. La agenda de ajuste apenas empieza a desarrollarse y las discusiones, si se emprenden con seriedad, tardarán años. Señalar y reconocer los errores del pasado, como lo hizo la Contraloría, es un punto de partida necesario.