El país está a punto de asumir un serio compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, por extensión, con la comunidad financiera. El acuerdo negociado por el gobierno está sujeto a bien definidos plazos de cumplimiento. Las faltas tienen consecuencias más allá del freno a los desembolsos del préstamo por $1.750 millones. Un incumplimiento repercutiría en mercados financieros cuya confianza ya escasea.
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El efecto sobre el financiamiento disponible no se haría esperar, tanto en la cantidad como en el costo. El endeudamiento, a las puertas del 80 % del producto interno bruto, seguiría en irremediable ascenso y partidas esenciales del presupuesto nacional tomarían el camino de la reducción. La traslación de la crisis fiscal a todos los rincones de la economía también tardaría poco. Aumentos en las tasas de interés, el precio del dólar y la inflación conspirarían para entorpecer el crecimiento y el empleo.
El convenio es necesario para enderezar el rumbo. Ojalá los diputados lo comprendan. Una vez aprobados por ellos los proyectos acordados deben moverse con celeridad. También el gobierno quedará obligado a ejecutar los compromisos de su resorte. El FMI no impuso soluciones para alcanzar la estabilidad fiscal. Escuchó las propuestas del gobierno y, si resultan suficientes para su gerencia y directorio ejecutivo, suscribirá el convenio, pero luego exigirá el cumplimiento.
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Entonces, todo dependerá del Congreso. Por las razones apuntadas, la aprobación legislativa inicial implica un compromiso con las medidas contempladas en el acuerdo. El rechazo del convenio o de sus componentes fundamentales soltará amarras con la principal oportunidad de obtener apoyo para salir de la crisis y dejará al país al garete, para intentar valerse solo y con muy pocas posibilidades de éxito si lo medimos por la menor cantidad de sufrimiento posible.
No hay lugar para confusiones como la de la jefa de fracción de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, que declaró, luego de conversar con representantes del Fondo, que la institución no «está pidiendo plazos ni requerimientos como tales». Afirmó: «No nos está pidiendo metas específicas sobre lo que tenemos que venir a hacer». El desacierto de la declaración es doble. El FMI observará el cumplimiento de plazos porque los desembolsos están sujetos a la ejecución de las obligaciones adquiridas y, si bien no ha impuesto medidas específicas para remediar el desequilibrio financiero, sí exige fijar metas. Sin ellas, no podría medir la eficacia de su apoyo a las finanzas públicas.
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El comunicado de la oficina de prensa del FMI no deja lugar a dudas: «Los compromisos asumidos por un país de adoptar determinadas medidas de política —conocidos como condicionalidad de política económica— son un elemento esencial de los préstamos del FMI».
Para mayor claridad, añade: «Este programa de política económica… incluye metas, acciones y compromisos que los países deben cumplir en plazos determinados y acordados con el FMI; por lo que los proyectos de ley que materializan dichas acciones están también sujetos a dichos plazos».
Aparte de la trascendental ley de empleo público, la Asamblea Legislativa debe tramitar la eliminación de exoneraciones, aumentar impuestos, impedir la contratación de personal en plazas vacantes y las demás medidas de austeridad incorporadas al acuerdo. No son decisiones fáciles, pero sí necesarias.
La administración es la proponente de las medidas y a ella corresponde asumir el costo político. Para eso se postuló y fue elegida. No obstante, la Asamblea Legislativa correrá con el costo de malograr el acuerdo, que sería enorme.