El 20 de febrero, Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, y los sindicatos de la institución decidieron hacer a un lado la Constitución, usurpar poderes que no les competen y convertirse en legisladores. Por arte de un acuerdo entre partes, derogaron parcialmente la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en la institución y mantuvieron una serie de privilegios para sus empleados, que disfrutan también los asesores jurídicos artífices de la maniobra. El más grave de ellos es seguir incrementando anualidades e incentivos según porcentajes —que los hacen crecer exponencialmente— en lugar de como manda la nueva ley: en montos fijos conforme el cálculo más reciente.
Alegaron que el texto de la reforma fiscal, aprobado dos meses y medio antes, era omiso al respecto, lo cual revela que o no lo leyeron bien o usaron los lentes de sus intereses para interpretarlo. Lo mismo dijeron sobre un reglamento publicado el 18 de febrero por los ministerios de Planificación y Hacienda, aún más claro en que la ley alcanza a todo el Estado.
A partir de entonces, el documento Caja-sindicatos se convirtió en el estandarte de un movimiento interno para imponer los intereses gremiales no solo sobre la legislación, sino también sobre el bienestar público, la sostenibilidad de la institución y, por ende, su capacidad para cumplir con el derecho a la salud de la población. De nada valió que, el 20 de mayo, Planificación hiciera aún más explícito el reglamento y contradijera claramente la decisión antojadiza emanada de la CCSS; tampoco, que la Procuraduría General de la República aclarara los verdaderos alcances de la reforma: ya Macaya y los dirigentes sindicales habían legislado y, atrincherados en sus propias conclusiones, estos últimos convirtieron el acuerdo entre partes en el espurio instrumento para legitimar una huelga ilegal, injusta y cruel. Entretanto, no hubo señal alguna de que el Poder Ejecutivo exigiera al presidente ejecutivo cumplir la ley y sus reglamentos.
Por lo anterior, cuando el paro de labores fue declarado el 5 de agosto, tanto Macaya, cómplice desde el inicio, como el Ejecutivo, complaciente por meses, habían perdido autoridad y capacidad para oponerse a las exigencias sindicales porque estas fueron, en esencia, las mismas incluidas en el documento del 20 de febrero.
Después de siete días de huelga, 82.000 citas de consulta externa perdidas, 1.664 cirugías suspendidas y 20.489 diagnósticos sin comunicar, se llegó a un “acuerdo” que consistió, ni más ni menos, en volver al punto de partida; es decir, ratificar los privilegios aceptados desde el principio. Fue un recorrido circular, con graves implicaciones para miles de seres humanos, para las finanzas públicas, para el quehacer de la Caja, para su sostenibilidad, para la credibilidad general de sus jerarcas y para el Estado de derecho.
La forma como se intenta ahora dar visos de legalidad a un proceso y un desenlace tan graves empeora sus implicaciones. Por un lado, es una broma de pésimo gusto que la Caja anuncie la presentación de un juicio de lesividad contra una decisión tomada por su presidente ejecutivo y avalada por sus abogados, los cuales, por cierto, serían los encargados de litigar contra sus propias recomendaciones e intereses. Peor aún, el proceso duraría años, durante los cuales los privilegios se seguirían otorgando, con un costo demencial. El simple hecho de que el Tribunal Contencioso-Administrativo ante el cual se presentaría el recurso deba notificar individualmente a cada uno de los 57.000 empleados de la institución, lo hace inviable.
Pero, a falta de la acción responsable de las autoridades, hay esperanzas. Es posible que la Contraloría rechace total o parcialmente el presupuesto de la Caja, precisamente por los visos de ilegalidad de los privilegios concedidos. Y es posible, también, de acuerdo con la interpretación de abogados especialistas, que el juicio sea rechazado ad portas, por no cumplir con un requisito básico para tipificar una eventual lesividad —que se haya concedido derechos indebidos—, simple y sencillamente porque concesiones ilegales, como las del documento del 20 de febrero, no se constituyen en derechos.
Nuestra esperanza es que, lo antes posible, y dentro de nuestros mecanismos institucionales, se enmiende un atentado tan manifiesto y ofensivo contra la ley, la solidaridad social, los derechos de la población y el buen uso de los recursos públicos. Impulsar estos principios es un deber de todos, en particular de los gobernantes. Hasta ahora, el presidente, Carlos Alvarado, no parece entenderlo.