16 febrero

El 30 de abril se acaba el presupuesto del Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Requería de ¢6.609 millones para operar este año y solo recibió ¢1.285 millones. Terminado abril, no habría cómo pagar salarios y todas las funciones quedarían paralizadas. El CNC no solo interviene en la adjudicación de nuevas concesiones, sino también en la administración de las vigentes. Su cierre implicaría severos trastornos.

El secretario técnico del Consejo no duda al atribuir la escasez de recursos al déficit fiscal. Es una explicación alarmante. El gobierno se está quedando sin dinero para atender obligaciones y mantener sus dependencias abiertas. Se ha visto obligado a escoger por dónde empiezan los recortes o cuáles actividades desfinanciadas lega a la siguiente administración.

Un país incapaz de mantener en funciones el CNC difícilmente podrá desarrollar obras con recursos propios

El Ejecutivo, que renunció a elevar impuestos en los primeros dos años, cuyos funcionarios habían derrotado el Plan de Solidaridad Tributaria, el que le enseñaría primero al país cómo se gasta bien, el que minimizaba la importancia del problema fiscal y criticaba a los obsesionados con el tema, hoy no tiene recursos para financiar servicios de importancia y corre a colocar títulos de deuda en el mercado, a altas tasas de interés, para salir de apuros.

Además, confiesa su falta de confianza en la posibilidad de aprobar un ajuste fiscal antes de entregar el poder y, si consiguiera sacar adelante las reformas propuestas, los ingresos apenas aumentarían en un 1,9 % del producto interno bruto, una cifra lejana de la necesaria para llevar el déficit a niveles manejables.

A estas alturas, sigue poniendo énfasis en el aumento de ingresos y rehúye el recorte de gastos exigido por otras fuerzas políticas para apoyar alzas en la carga tributaria. A eso dedicó la gestión de gobierno, desoyendo las advertencias del naufragio que ahora se hace evidente con los apuros para pagar remuneraciones en diciembre y casos como el del CNC.

La solución de fondo está en la generación de nuevos recursos y el recorte de gastos innecesarios o abusivos

Carlos Alvarado, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, pidió auxilio presupuestario para el CNC y manifestó su intención de acudir a las alianzas público-privadas, en particular las concesiones, para desarrollar infraestructura. Un país incapaz de mantener en funciones el CNC difícilmente podrá desarrollar obras con recursos propios.

El candidato del PAC se comprometió a ejecutar, sin dilaciones, la ampliación de la ruta 27 al amparo del contrato firmado con la concesionaria. El documento permite al gobierno ordenar la ampliación con base en estudios técnicos sobre la saturación de la vía que, por lo demás, es un hecho incontrovertible.

La claridad del compromiso del candidato, su petición de financiamiento para la institución indispensable en materia de concesiones y el compromiso general de recurrir a mecanismos hasta ahora demonizados por su propio partido son una bocanada de aire fresco, pero las señales emitidas por el aspirante presidencial sobre el problema de fondo, las premuras financieras que tienen al CNC a punto de cerrar, son menos claras.

La solución puntual del financiamiento del CNC o la colocación de otro manojo de bonos, no sabemos a cuál tasa de interés, solo sirven para ganar tiempo y posponer las decisiones. La solución de fondo está en la generación de nuevos recursos y el recorte de gastos innecesarios o abusivos. En este punto, el país todavía no escucha un planteamiento realista y bien delineado de don Carlos Alvarado.

Hay una propuesta del diputado Ottón Solís, plasmada en un grupo de mociones, pero los legisladores del PAC –los actuales y los electos– la rechazan salvo un par de iniciativas relacionadas con el aumento de impuestos. Carlos Alvarado, simbólico receptor del sombrero del diputado Solís, se ha unido al rechazo. ¿Cuánto beneficio derivaría el país de un cambio de actitud frente al problema de infraestructura si un futuro gobierno del PAC sigue el mismo camino en materia fiscal?