La Corte Plena no tiene objeción alguna al plan fiscal mientras sean otros los encargados de pagar la cuenta. Según la respuesta a la consulta enviada por el Congreso, es inconstitucional tocar los beneficios y los salarios del Poder Judicial, aunque sea por la vía indirecta de una regla fiscal diseñada para poner coto al excesivo endeudamiento. Si el crecimiento del presupuesto nacional se contiene, tampoco crecerá el del Poder Judicial.
Si la Sala Constitucional se aparta de su línea jurisprudencial para coincidir con la Corte Plena, el proyecto de ley se vendrá al suelo con estrépito. La caída resonará en el mercado financiero local e internacional, con fuerte impacto sobre las tasas de interés y el crecimiento económico. Habrá nuevas presiones sobre el tipo de cambio y el Banco Central se verá obligado a decidir hasta dónde lo defiende a costa de las reservas. El gobierno no tardará en sufrir apremiante escasez de recursos y la inflación asomará su rostro despiadado.
Sufrirán más –y primero— los pobres. Ni están organizados, como los sindicatos de la Corte, ni tienen poder, como los magistrados. Cuando no haya cómo enfrentar los gastos, el recorte empezará por ellos. Pero ya lo dijo el magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia: a ellos no les corresponde luchar contra la pobreza.
Eso es tarea de otros. A la Corte Plena le corresponde preservar salarios y pensiones de lujo con el cuento de que en eso está el secreto de la independencia judicial y, por tanto, de la democracia. Mentira. En muchas de las principales democracias del mundo las remuneraciones de los jueces las fija el Parlamento y, en algunas ocasiones, lo hace a instancias del Poder Ejecutivo. El peligro para la democracia no está en las políticas de personal de la Corte, sino en su desprestigio a manos de la corrupción, la indiferencia frente a la precaria situación del país y el destino de sus ciudadanos, especialmente los más necesitados.
A la Corte no le toca resolver el problema de la pobreza, pero tampoco dictar política fiscal, especialmente en defensa de sus beneficios laborales. Si no le corresponde enfrentar la pobreza, cuando menos debería abstenerse de profundizarla, pero ayer dejó demostrada su indolencia. El país debe recordar lo sucedido a medida que se revelen las consecuencias. Quizá, con el paso del tiempo y el sufrimiento, comprendamos la urgencia de profundas reformas para evitar, en el futuro, hechos tan bochornosos como los de los últimos días.
El Poder Judicial se vio descubierto en el subterfugio de votar extemporáneamente un informe sobre un proyecto de ley inexistente, solo para mandar al Poder Legislativo el mensaje de que, en su momento, haría lo que hizo ayer para defender sus beneficios laborales, disfrazándolos de elementos indispensables para la independencia judicial.
Es necesario revisar y acotar el concepto. Si no lo hace la Sala Constitucional, deberá hacerlo el legislador y pronto tendrá el caldo de cultivo necesario para impulsar reformas. La responsabilidad asumida ayer por once magistrados es muy grande. Bien lo dijo Román Solís, de la Sala Primera: “En cuanto al tema que nos tiene aquí reunidos, yo soy de la tesis que, ciertamente, este país pasa por una situación bastante difícil. Es más, llamo a la reflexión. Una política del Estado en materia tributaria, que tiene una participación de iniciativa del Poder Ejecutivo y de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, queda supeditada, al día de hoy, a lo que podamos decir 22 magistrados y magistradas de esta Corte Suprema de Justicia.
”Algo anda mal en el Estado costarricense. Algo hace que estas cosas no funcionen y que el engranaje de conducción política del Estado en manos del Ejecutivo y del Legislativo esté haciendo chirridos, porque es imposible que un Estado sea conducido por 22 magistrados, como también es imposible que ese mismo Estado tenga que ser conducido por 7 magistrados. Lo digo de esta manera porque las cosas hay que decirlas claras y de manera directa”.
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Más directo todavía es decir que la conducción del Estado no debe estar en manos de 22 magistrados con interés personal y directo en el rumbo definido. Por eso es preciso recordar lo sucedido ayer si la Sala Constitucional no evita que se produzcan las consecuencias previsibles. Las responsabilidades históricas deben quedar bien sentadas.