Editorial

Editorial: Gobierno inclusivo

Mientras 25 de 51 entidades del Gobierno Central pasaron por alto la obligación de reservar plazas para discapacitados, 36 empresas privadas sin estar sujetas a la ley se distinguen por su compromiso con la inclusión.

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La Dirección de Servicio Civil desnudó el incumplimiento de la ley promulgada hace nueve años para asegurar la contratación de discapacitados en el sector público. Al mismo tiempo, queda al desnudo una de las falacias favoritas de nuestra política: si hay un problema, se arregla con una ley. Promulgada la norma, el problema desaparece del debate público, los responsables se desentienden de la aplicación práctica de la ley y todos fingimos la desaparición de la dificultad hasta nuevo aviso.








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