Editorial

Editorial: Frecuencias ‘a disposición de la sociedad’

La relevancia de la red 5G amerita hablar con toda claridad. Si la administración Chaves no quiso decir lo que el país entendió sobre la devolución de las frecuencias, debería explicarse mejor

El rumbo de acción con respecto a las frecuencias necesarias para desarrollar las redes 5G pareció claramente marcado en el discurso inaugural del presidente, Rodrigo Chaves, pero recientes declaraciones de Marco Vinicio Acuña Mora, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), siembran dudas.

El mandatario, dijo Acuña, habló de poner las frecuencias a disposición de la sociedad y eso es diferente a devolverlas. A tenor de las declaraciones, queda abierta la posibilidad de mantener las frecuencias en manos del ICE mientras sean útiles a la sociedad. La definición es vaga. Nada dice del grado de utilidad social exigido ni de la eficiencia requerida para lograrla. Mucho menos indica el plazo.

El jerarca recordó su reciente nombramiento y la imposibilidad de solucionar en tres semanas un problema que no ha sido resuelto en tres administraciones. Tiene razón, pero nadie aspira a una solución instantánea, sino a claridad en cuanto a la orientación. Eso puede darse desde el primer día, especialmente cuando se trata de un reto trascendental y de larga data.

“Hay una línea clara de que la sociedad costarricense debe contar con esa tecnología o perderemos competitividad frente a países que van adelante. Con esa línea clara, estamos haciendo los mayores esfuerzos para cumplir”, manifestó Acuña. Sin embargo, la pregunta no es sobre la indiscutible necesidad de las redes 5G y las graves consecuencias de postergar su desarrollo, sino sobre el plan de acción para preservar la competitividad.

El ICE ha rehusado devolver las frecuencias y la administración Alvarado comenzó un procedimiento administrativo para recuperarlas. Esa iniciativa fue objeto de críticas por falta de contundencia; sin embargo, no deja dudas del rumbo definido para acelerar el desarrollo de las redes 5G en nuestro país. El gobierno recuperaría las frecuencias para después invitar a concesionarios a explotarlas.

La industria de las telecomunicaciones más bien insiste en la necesidad de emplear la facultad establecida en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones para emitir una declaratoria de interés público y extinguir la concesión otorgada al ICE. Lejos de alentar esa vía expedita, el nuevo presidente ejecutivo habla del procedimiento administrativo como una “dificultad” para resolver la situación.

Acuña cuestiona si el procedimiento acreditaría el uso ineficiente de las frecuencias por el Grupo ICE, cuando la ausencia de las redes 5G es evidente y la Superintendencia de Telecomunicaciones calcula en $321 millones los ingresos no percibidos por el retraso de la nueva tecnología. También estima el ascenso de la cifra a $1.134 millones en el 2024 si el estancamiento se mantiene.

El ICE difícilmente puede aspirar al resarcimiento de pérdidas inexistentes, dada la falta de explotación de las frecuencias, y más bien incumple las obligaciones impuestas por ley a los concesionarios del espectro radioeléctrico, sean públicos o privados, porque el propósito siempre es asegurar la explotación del recurso en beneficio del país, es decir, ponerlo al servicio de la sociedad, como afirmó Acuña. Eso no ha sucedido durante largos años, como lamenta el propio presidente ejecutivo cuando señala las tres administraciones afligidas por el mismo problema.

La relevancia de la red 5G amerita hablar con toda claridad. Si la administración no quiso decir lo que el país entendió sobre la devolución de las frecuencias, debería explicar el significado de “ponerlas a disposición de la sociedad”. Para eso son, no cabe duda, pero la frase debe dejar de ser mera expresión de buenos propósitos.

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