El sistema de conservación de bosques mediante el pago por servicios ambientales (PSA) existe en Costa Rica desde 1996. El programa reconoce los beneficios de la conservación para la sociedad, que está dispuesta a pagar a los propietarios de bosques por la preservación de fuentes de agua, fijación de las emisiones de carbono, limpieza ambiental, belleza escénica y protección de la flora y de la fauna. El pago anual promedio es de ¢35.000 por hectárea y el financiamiento proviene del 3,5 % de los ingresos generados por el impuesto único a los combustibles. En el 2019, los recursos sumaron ¢19.000 millones.
El PSA es administrado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y, en general, ha sido exitoso. En buena medida, gracias al programa, el territorio costarricense tiene más de un 50 % de cobertura forestal. Aunque se trata de un sistema favorable tanto para los propietarios de bosques como para la sociedad, no todos los receptores del dinero cumplen sus compromisos.
En diciembre, un grupo de funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) hizo una inspección sorpresa en San Carlos y descubrió cinco fincas cuyos propietarios reciben pagos por servicios ambientales y, no obstante, talaron bosques para aprovechar ilegalmente madera en áreas de protección de quebradas. También construyeron caminos y puentes, hicieron movimientos de tierra y alteraron el uso del suelo.
En el Refugio de Vida Silvestre de Maquenque, observaron árboles “anillados” para causarles la muerte y utilizar el área despejada para sembrar piña. No solo se trata de delitos ambientales, sino también de fraude, pues son actos contrarios a lo pactado en los contratos del PSA por los cuales el Estado hizo pagos con dinero salido del bolsillo de la ciudadanía cada vez que compra combustibles o paga por transporte.
Según Jorge Mario Rodríguez, director general del Fonafifo, parte de la destrucción en fincas de la zona norte se debe a la invasión causada por la explotación ilegal de oro, en muchos casos por extranjeros. Las autoridades deben retomar las acciones necesarias para impedir que el sitio sea, en la práctica, tierra de nadie.
Coincidimos con el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, cuando califica los hechos descritos como una traición al espíritu del pago por servicios ambientales. No hay otra solución más que redoblar los esfuerzos de supervisión oficial y emprender acciones judiciales contra los responsables, en particular si son propietarios de bosques receptores de pagos del PSA, pero también si han violado leyes ambientales en general.
Es imprescindible involucrar a los gobiernos locales, que están cerca de donde se producen los daños y pueden informar a las entidades especializadas, como el Minae y el Sinac. Las áreas boscosas no pueden ser resguardadas totalmente desde la capital. El programa de pago por servicios ambientales confió en los propietarios de bosques buena parte del control, pero la triste experiencia en las fincas de Boca Tapada de Pital y Tiricias de Pocosol, y otras, hacen pensar que eso no basta.
El programa, con casi 25 años de funcionamiento, es digno de admiración y ha servido de ejemplo para muchos países. Ese es otro motivo para preservarlo con un mínimo de irregularidades, si no pueden ser evitadas del todo. Los problemas detectados en la zona norte afectan la bien ganada imagen del país como protector de la naturaleza. Hay mucho en riesgo para dejarlo en manos de un puñado de inescrupulosos.
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