1 junio

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó en marzo del 2013 un crédito de $167,5 millones para reparar y construir 79 centros educativos y 24 canchas deportivas multiuso en todo el país para beneficio de unos 35.000 estudiantes. La ejecución de las obras se le confió a un fideicomiso con el Banco Nacional.

En octubre del 2015, el diputado cartaginés Mario Redondo reprochaba que, a esa fecha, no se había logrado construir “ni un sanitario” y calificaba lo sucedido como “una vergüenza”. Las autoridades educativas prometían la pronta activación del programa y los directores de escuelas y colegios albergados en iglesias y galerones renovaban las esperanzas, mientras los estudiantes soñaban con las canchas multiuso.

La Contraloría General de la República advirtió en el 2017 sobre la imposibilidad de concluir las obras con el monto presupuestado y exigió al Ministerio de Educación Pública (MEP) procurar financiamiento adicional para satisfacer las urgentes necesidades de los centros educativos incorporados a la lista de beneficiarios.

Pasados seis años desde la aprobación del empréstito, sabemos la verdad. El dinero no alcanzó y solo se concretarán 56 obras, de las cuales apenas 24 han sido finalizadas y hay 32 en proceso de entrega. Según el MEP, las últimas dos (las escuelas de Pavas y Finca 6-11, en Puntarenas) estarán listas en el 2020.

Los otros 47 proyectos enumerados en la ley de creación del fideicomiso seguirán en el limbo. El resultado es producto de errores cometidos desde el principio. Los costos fueron subestimados y las condiciones específicas de diversos proyectos fueron ignoradas. Tanta distancia hay entre los cálculos y la realidad que el MEP necesita otros $138,5 millones para concluir las obras. Es decir, prácticamente requiere una suma similar a la ya invertida. Al final, la iniciativa terminaría costando $306 millones.

El fracaso es enorme y pone en evidencia grandes debilidades del Ministerio, la Asamblea Legislativa y el Banco Nacional. El MEP debía saber cuánto cuesta edificar escuelas y colegios. Antes de entusiasmar a las comunidades, parte de su trabajo era determinar las condiciones concretas de cada proyecto y calcular los recursos necesarios para enfrentarlas. El Congreso hizo mal en aceptar —y quizá aumentar— la lista de obras incluidas en la ley con un costo ahora calificado de “referencial”. El Banco tardó dos años en constituir la unidad ejecutora y ese atraso seguramente incidió sobre los costos, pero también debió advertir, desde el principio, el abismo entre el presupuesto y las obras proyectadas.

Las tristes consecuencias no se limitan a las expectativas traicionadas en escuelas, colegios y comunidades. También es preciso considerar el tiempo perdido en espera de soluciones a necesidades urgentes, ahora condenadas a regresar a la línea de partida. El Liceo de Tierra Blanca seguirá operando en cocheras, viviendas y el salón parroquial. La nueva sede está entre las 103 obras contempladas hace seis años en el fideicomiso y, también, entre las 47 dejadas de lado. Les prometen prioridad, pero a estas alturas el escepticismo de docentes y estudiantes es totalmente comprensible.

El caso también constituye una advertencia sobre las cualidades casi mágicas atribuidas al fideicomiso como medio para ejecutar obras públicas. Se trata de un instrumento entre varios. Sería absurdo negarle valor en términos generales y en abstracto, pero las experiencias habidas apuntan a la necesidad de revisar cuidadosamente el diseño y la adecuación del instrumento a la obra por ejecutar, los fines pretendidos y los recursos disponibles.