EscucharRepresentantes de la empresa privada visitaron el Congreso para hacer observaciones sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Los empresarios criticaron, con razón, la insuficiencia del proyecto y su excesiva dependencia de la creación de nuevos ingresos, con relativo olvido de la necesidad de controlar el gasto.
Al mismo tiempo, y con menos razón, pidieron exoneraciones para los insumos utilizados en la producción de bienes integrados a la canasta básica. La transformación del impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado (IVA) ampliará la lista de actividades sujetas al tributo y mejorará el control de la evasión. Las exoneraciones frustran este último propósito. Por eso, los legisladores deben apartarse lo menos posible del ideal de no excluir actividad alguna.
El IVA crea una cadena de pagos y cada eslabón fiscaliza el cumplimiento de los demás. El vendedor lo cobra y se reembolsa el impuesto pagado a su proveedor. Para hacerlo, debe documentar la compra y así el fisco entra en conocimiento de la transacción inicial. El control cruzado reduce la evasión permitida por el impuesto de ventas y también crea puntos de referencia para asegurar el pago del impuesto sobre la renta. Las exoneraciones rompen la cadena y con eso debilitan la supervisión.
Por eso, más que por el 13 % de recaudación, conviene evitar las exoneraciones. Los empresarios no están solos. Otros sectores, como las cooperativas, piden exoneraciones y los diputados harían mejor si dedicaran el tiempo a impedir que el proyecto se llene de distorsiones.
Una de las razones que militan a favor de transformar ventas en IVA, aun sin aumentar la tasa del 13 % es, precisamente, el aumento del control sobre la evasión. Mantener el porcentaje y restar al IVA su valor de fiscalización es un sinsentido. El 13 % es un porcentaje bajo en el ámbito internacional. En Chile, un punto de referencia en América Latina, el impuesto es del 16 % y en otras naciones es todavía mayor. En nuestro país se ha propuesto el 15 %, pero en este momento no hay voluntad política para semejante aumento. En consecuencia, el principal valor de la transformación reside en el control.
La ampliación de la lista de actividades sujetas al impuesto también generará importantes ingresos, pero esa es una cuestión de sentido común. La economía se ha modernizado. Mientras tanto, la estructura tributaria permanece inmutable. Los servicios constituyen más del 40 % del PIB y van en aumento. Son el sector más dinámico de la economía, pero no participan de la misma forma en el pago del impuesto de ventas y gozan de oportunidades para evadir el de renta.
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Lo dicho no resta razón a la queja de los empresarios sobre el desequilibrio del proyecto de ley en favor de nuevos ingresos. La recaudación esperada, además de un levísimo recorte del gasto, apenas representaría el 1,9 % del producto interno bruto. Como dice el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, eso no alcanza siquiera para enfrentar el déficit primario. Hará falta más ingresos, pero no es realista, ni útil, esperarlos sin el esfuerzo de ahorro correspondiente.
La Asamblea Legislativa debe resistir las peticiones de exonerar bienes y servicios del IVA. Con la misma determinación, debe resistirse a dar debate final a las medidas fortalecedoras de la recaudación sin saber si el nuevo gobierno hará lo necesario para recortar el gasto. Ambos compromisos son indispensables y urgentes.
