EscucharEl 9 de marzo del 2021, nuestro editorial pedía al presidente Carlos Alvarado el veto para la ley de creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC). La norma surcó sigilosa la corriente legislativa, y la dinámica política de aquel momento impidió frenarla. El mandatario no se mostró convencido de las bondades del proyecto y señaló las dificultades financieras del país como razón para pensarlo dos veces, pero el rechazo a la ley, ya sobre su escritorio, habría puesto en peligro varios votos requeridos para otras iniciativas de importancia.
El proyecto fue promovido por la diputada verdiblanca Aida Montiel, pese a las dudas expresadas por académicos y empresarios relacionados con la tecnología espacial, como el Ing. Ronald Chang Díaz, de Ad Astra Rocket Company Costa Rica, quien calificó la iniciativa como una “ocurrencia”.
También argumentó contra la idea Jorge Oguilve Araya, directivo del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit). Según su criterio, en lugar de crear otra entidad pública se debió conformar una organización adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para sacar provecho de convenios de cooperación con países amigos y promover el desarrollo local de la industria y la investigación.
Para salvar la contradicción, la ley fue sancionada con una moratoria de su entrada en vigor. El elefante blanco quedó dormido, en espera de mejores tiempos económicos. Nunca llegaron y, ahora, la Contraloría General de la República (CGR) avala un proyecto del diputado liberal progresista Jorge Dengo para derogar la ley nunca aplicada por falta de presupuesto. La entidad se había opuesto, en su oportunidad, a la creación de la agencia, pero tampoco fue escuchada.
Los legisladores asignaron a la nueva entidad millones provenientes del 0,4 % de la subejecución presupuestaria de instituciones públicas no financieras, excepto el Gobierno Central, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las universidades, pero no hace falta ahondar en los motivos que impidieron girarlos.
El país discute con intensidad la paulatina reducción de los recursos destinados al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el presupuesto dedicado a la seguridad pública y la dotación del sistema educativo, entre otras necesidades en situación crítica. Pensar siquiera en una nueva burocracia como la creada, en el papel, hace poco más de dos años, ofende el sentido común.
El proyecto del diputado Dengo merece el respaldo de los diputados. Hoy la dinámica política es otra y las razones que militaron a favor de la aprobación legislativa de la Agencia Espacial y en contra del veto ya no existen. Los legisladores harían bien si anotaran la experiencia para no repetirla.
La Agencia Espacial nunca llegó a funcionar por falta de presupuesto, pero tampoco cuajó su pretendida estructura organizacional. Según la ley, debía adquirir o recibir en donación un terreno en Guanacaste, de donde es oriunda la exdiputada Montiel, pero la sede nunca se estableció y ni siquiera fue posible nombrar un director ejecutivo. Ningún postulante cumplió los requisitos de tener un doctorado, experiencia técnico-científica relacionada con el desarrollo espacial y publicaciones científicas en medios internacionales relacionados con el espacio.
La Agencia Espacial, como se advirtió desde el principio, pudo haber sido una costosa quimera. El Congreso debe aprovechar la oportunidad creada por el proyecto de ley del diputado Dengo para impedirle despegar. Hacerlo no implica renunciar a las posibilidades de insertar al país en el desarrollo de nuevas tecnologías, sino retomar el camino para hacerlo con realismo.
