Editorial

Editorial: Feliz propuesta de la Contraloría

La Contraloría anunció la inminente presentación de un proyecto de ley para terminar con la práctica de invertir los superávits de las instituciones estatales en bonos de deuda pública

Con solo concentrar las cuentas bancarias de las instituciones públicas en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) el país podría ahorrar el 1 % del producto interno bruto (PIB), una cifra enorme, cercana a ¢370.000 millones. La propuesta es de la contralora general, Marta Acosta, cuya insistencia es tan tesonera como frustrante, porque nos recuerda la renuncia a la lógica en aras del engrandecimiento de instituciones creadas para servir al país, como si fueran un fin en sí mismas.

Esas entidades depositan sus recursos en bancos comerciales y siguen recibiendo fondos gubernamentales aunque acumulen superávits. Eso les permite invertir en bonos de la deuda pública, es decir, prestar el exceso de recursos al gobierno de donde salieron a cambio de una alta tasa de interés.

La ciudadanía, dice el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, financia a las instituciones mediante el pago de impuestos y, luego, cualquier exceso de recursos es invertido para generar intereses pagados, también, por los contribuyentes. Chaves pone el ejemplo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), financiado con impuestos sobre el alcohol y el tabaco que la institución no logra gastar. El superávit se lo presta al gobierno a elevadas tasas de interés pagadas con más impuestos.

Así, entre los principales tenedores de la deuda interna hay instituciones del propio Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social (un 14 % del total) y el Instituto Nacional de Seguros (un 7 %). Otras instituciones públicas, sin contar los bancos del Estado, acumulan el 15 %.

El dinero ingresa a consecuencia del destino específico de algún impuesto o de transferencias exigidas por ley. Cada institución lo maneja a su arbitrio en la banca comercial al punto de imposibilitar la determinación de la liquidez del Estado porque los fondos están dispersos entre la caja única, los bancos y otras entidades. Solo en el 2018, la Contraloría contabilizó unos ¢8.000 millones ociosos fuera de la caja única del Estado.

Si los fondos fueran al Banco Central y se depositaran en cuentas a nombre de cada entidad, sería posible conocer, en todo momento, la disponibilidad de recursos de cada una y los desembolsos se harían según las necesidades. Esa caja única operaría bajo la dirección de la Tesorería Nacional.

Aparte de poner fin a la práctica de generar rendimientos por cuenta del Estado con fondos del propio Estado, el sistema ahorraría el pago de comisiones bancarias. Los fondos ociosos, por otra parte, podrían ser utilizados por Hacienda para enfrentar gastos y evitar la emisión de nuevos títulos de deuda.

La Contraloría anunció la inminente presentación de un proyecto de ley para crear el sistema y generar, aparte del ahorro en intereses, menor endeudamiento, aprovechamiento de las economías de escala y de fondos ociosos. La propuesta incluye a toda entidad pública o privada que administre dinero público, salvo las sometidas a régimen de competencia, los fondos de pensiones y las cuotas pagadas a la Caja por patronos, trabajadores y el Estado.

Es imperdonable dar la espalda a la idea mientras el país explora los sacrificios necesarios para frenar el endeudamiento, estimado en un 68,2 % del producto interno bruto en mayo pasado. También es irracional negarse la oportunidad de limitar el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a pagar intereses sobre la deuda, con exclusión de otras erogaciones necesarias para proporcionar bienestar a la población. Ojalá en esta oportunidad el Congreso considere la iniciativa sin interferencia de instituciones que no deben aspirar a más que sus presupuestos ni acumular riquezas necesarias para satisfacer otras necesidades.

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