Diego García-Sayán, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Independencia Judicial, emitió un comentario sobre la supuesta afectación de ese principio en Costa Rica por las leyes de ordenamiento fiscal. Es un criterio mal informado, ajeno al principio de objetividad, omiso y alejado de la verdad.
La estructura, quizá por razones de estilo de la burocracia internacional, pero de todas formas inaceptable, contiene dos segmentos claramente diferenciados. El primero establece una serie de hechos «según la información recibida». No dice quién suministró los datos ni cuáles son las fuentes de los informantes. Tampoco refleja el menor esfuerzo de corroboración.
El segundo segmento salta directamente a una lista de «solicitudes y recomendaciones», formuladas en términos imperativos, dando por buena la «información recibida». Al presidente de la República se le pide impulsar «los esfuerzos necesarios para cesar las amenazas a la independencia judicial causadas por intromisión en la autogestión del poder judicial, la regresividad de derechos sociales y económicos y que se adopten las medidas de derecho interno que sean necesarias para dejar sin efecto, y haciendo cesar, los actos causantes de las violaciones a la independencia judicial aquí establecidas».
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Cómo fueron «establecidas» esas violaciones, no sabemos, porque únicamente se cita la «información recibida». Tampoco podemos saber por qué se dan por existentes las «amenazas a la independencia judicial», la «intromisión en la autogestión» y los demás cargos lanzados contra el país y sus instituciones. Sabemos, sin embargo, que al relator no le interesa el principio de objetividad, porque emite sus comentarios y los publica en Internet para luego incorporarlos a su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, sin el menor esfuerzo por establecer la verdad.
La «información recibida», sin duda de los interesados, es dotada de credibilidad instantánea. Así, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue aprobada, según el relator, a contrapelo de la Constitución. La carta magna, indica el documento con acierto, exige dos terceras partes del Congreso para apartarse del criterio de la Corte cuando un proyecto de ley pueda comprometer su independencia u organización. También, acierta el relator cuando afirma que la ley en cuestión no alcanzó esa mayoría; sin embargo, en ninguna parte menciona la revisión del procedimiento por la Sala IV y la determinación unánime de que, en este caso, no hacían falta los dos tercios porque la ley no afecta la independencia o funcionamiento del Poder Judicial.
La omisión de ese dato, cuya mención es indispensable siquiera para rebatir el criterio de los magistrados, es una falta ética de quienes suministraron la «información recibida» o de quienes redactaron el comentario, pues da la impresión de una flagrante violación de la Constitución cuando no hubo falta alguna según los encargados de interpretarla.
Por suprema ironía, el relator para la Independencia Judicial ningunea a la Sala Constitucional y se arroga el derecho de interpretar la Constitución declarando su preocupación porque «en las votaciones que aprobaron la LFFP en la Asamblea Legislativa nunca se alcanzó el umbral de la mayoría calificada y los diferentes proyectos de ley fueron aprobados sin seguir un proceso de consulta amplia como lo requiere el proceso participativo democrático de formación de leyes».
Con la Sala Constitucional pintada en la pared y la verdad plenamente establecida por la «información recibida», García-Sayán pide al presidente una revisión de «los procesos legislativos que aprobaron las leyes (sic) que afectaron la independencia judicial sin haberse realizado las debidas consultas a los sectores interesados…».
Luego solicita «la restitución de las condiciones de trabajo e independencia judicial a favor de cada uno de los servidores judiciales afectados, a las condiciones que preexistían a los hechos narrados» en su escrito, es decir, la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y la propia Sala Constitucional se confabularon para poner cortapisas al Poder Judicial, y el relator, desde su despacho en Suiza, no va a permitirlo. Las Naciones Unidas deberían proceder con más seriedad.