Editorial

Editorial: Falsedades contra la salud

Mientras algún antisocial de la Internet invertía su esfuerzo para sembrar zozobra, médicos, enfermeras y personal de apoyo dedicaban el suyo a combatir los efectos de la pandemia.

Algún delincuente se tomó la molestia de apropiarse del logo de la presidencia de la República, copiar el número de una resolución del Ministerio de Salud de agosto del 2020 y cambiarle el año para anunciar en las redes sociales la aplicación de restricciones propias de aquella época para hacer frente a la nueva ola de covid-19. También estableció un enlace entre sus falsas informaciones y la página en Internet de la presidencia.

Mientras el antisocial invertía tiempo y esfuerzo para sembrar zozobra, médicos, enfermeras y personal de apoyo dedicaban los suyos a combatir los efectos de la pandemia con riesgo para sus vidas. En las sobrepobladas unidades de cuidados intensivos y en las salas de recuperación, cientos de costarricenses luchaban por salir adelante. Sus familias vivían la angustia de ignorar si volverían a verlos.

El contraste no podría ser mayor ni más indignante. Los difusores de falsas noticias no reconocen límites ni se preocupan por las consecuencias de sus acciones, pero la desinformación en materia de salud está entre las más condenables manifestaciones de esta plaga. Desde el inicio de la crisis causada por el coronavirus se habla de una pandemia de desinformación en todo el mundo. Costa Rica, por lo visto, no está vacunada, pero debería procurar medios para establecer castigos ejemplarizantes. Si los tipos penales de la actualidad no alcanzan, el Congreso haría bien si los amplía y las fuerzas policiales, tan exigidas como están por las circunstancias, no deben menospreciar la necesidad de reprimir este tipo de delitos.

Existen normas contra la difusión de falsas informaciones sanitarias y la creación de alarma. Los medios para infringirlas nunca fueron tan fáciles de utilizar ni tan eficaces. Es el lado oscuro de la Internet. Ningún país puede darse el lujo de ignorarlo. Además de la acción represiva es indispensable adelantar el esfuerzo de alfabetización digital para educar sobre las falsificaciones y la forma de detectarlas.

En este caso, un ojo medianamente entrenado se habría salvado de caer en la trampa. Habría seguido el enlace proporcionado hasta darse cuenta de su falta de correspondencia con la falsa información. También se habría preguntado por qué se anunciaba una conferencia de prensa para informar al país, en el futuro, sobre medidas descritas en el propio mensaje.

Sobre todo, habría visitado páginas de los medios de comunicación reconocidos para constatar si recogieron una información que, de ser cierta, habría figurado en todos ellos. Hechas las comprobaciones del caso, el ciudadano comprometido con el bien común se abstendría de reenviar el mensaje.

La responsabilidad de los medios serios va más allá de informar sobre las políticas realmente adoptadas, criticarlas si fuera el caso o explicarlas cuando es necesario. Los tiempos también imponen la obligación de desmentir las falsedades capaces de posicionarse, aunque sea temporalmente, en la imaginación de los ciudadanos. La Nación procura hacer su aporte mediante la sección #NoComaCuento y otras publicaciones.

La presidencia hizo lo propio mediante un comunicado: «Es totalmente falso que el gobierno de la República haya cambiado las medidas sanitarias, como pretende un mensaje de desinformación que circula en las redes sociales y plataformas de mensajería», manifestó casi de inmediato. Reacciones como esa, no obstante ser adecuadas, apenas mitigan el daño en cada caso concreto. Las autoridades deben aspirar a una estrategia más amplia de lucha contra la desinformación. La Asamblea Legislativa, el Ministerio de Educación, la policía, los partidos políticos y los medios de comunicación deben ser invitados a participar en defensa de la democracia y de la paz social.