Editorial

Editorial: Fallida misión del CNP

Los números ponen en duda el cumplimiento de la misión del CNP, en sí misma discutible, y evidencian la injusticia cometida contra el erario y las personas más vulnerables de la sociedad

Solo 136 de los 312 proveedores del Consejo Nacional de Producción (CNP) facturaron menos de ¢99 millones en el 2020. Los demás están muy por encima de esa suma hasta llegar a ¢3.000 millones. Si se toma en cuenta el hallazgo de la Contraloría General de la República sobre el exceso de precio del 60 % de los productos vendidos por el Consejo a las escuelas, es fácil visualizar enormes ganancias de las «micro, pequeñas y medianas» empresas participantes en el sistema.

Un kilo de huevos cuesta en el supermercado alrededor de ¢700, pero los comedores escolares pagan ¢1.950 por un cartón con quince posturas cuyo peso no llega al kilo. El 12 % del precio es el «margen de comercialización» del CNP, es decir, financia a la burocracia requerida para elevar de ¢700 a más de ¢1.950 el precio de los huevos necesarios para alimentar a niños de escasos recursos, entre quienes hay miles sin ayuda nutricional por falta de presupuesto.

Los ¢1.741 restantes, o más, van a los proveedores. La Cámara Nacional de Avicultores (Canavi), conocedora de los costos de producción de los huevos, denunció el pago de un «sobreprecio elevadísimo» a intermediarios —ni siquiera productores— que «no guarda ninguna relación lógica financiera» con esos costos. Los ¢700 por kilo del supermercado, huelga decir, incluyen la ganancia del comerciante.

Con semejantes márgenes, aun las facturaciones más modestas representan un negocio considerable que se repite en otros productos. El Consejo de Promoción de la Competitividad (CNC) se mostró indignado, por ejemplo, por el «sobreprecio» de la bolsa de frijoles, un 56 % más cara que en el mercado. El CNP vende la bolsa de 800 gramos a ¢1.300, pero, según el CNC, las instituciones públicas podrían comprarla en ¢834.

Solo 26 de los 312 proveedores se llevaron el 45 % del presupuesto destinado en el 2020 a compras de alimentos para escuelas, cárceles, policías y hospitales, es decir, el 8,3 % de los contratistas recibió ¢41.300 millones de los ¢91.948 millones gastados por el CNP a lo largo del año. Mientras tanto, 27.254 de los estudiantes que pidieron el beneficio alimentario al Ministerio de Educación Pública fueron rechazados por falta de presupuesto.

Los números ponen en duda el cumplimiento de la misión del CNP, en sí misma discutible. También evidencian la injusticia cometida contra las finanzas públicas y las personas más vulnerables de la sociedad. Si los 312 proveedores del CNP fueran todos «micro, pequeñas y medianas» empresas productoras, no intermediarias, la contribución de la institución a la sociedad sería, de cualquier forma, cuestionable.

Haciendo a un lado las pérdidas por desperdicio de productos, de las cuales informamos en su oportunidad, y las quejas de los clientes cautivos por la mala calidad, es hora de cuestionar si el número de beneficiarios, a los cuales debemos añadir la planilla de la entidad, justifica el sacrificio de decenas de miles. En otras palabras, es hora de decidir si la prioridad es poner alimentos en boca de los más necesitados o dinero en el bolsillo de quienes requieren márgenes de ganancia sin «relación lógica financiera» con los costos enfrentados por miles de productores dedicados a satisfacer la demanda sin apoyo del CNP.

Una vez creadas, las instituciones públicas costarricenses no mueren. Ni la obsolescencia ni el daño a los fines más encomiables pueden hacer el milagro. Es hora de cambiar, porque las finanzas públicas no dan para mantener programas como los del CNP y, al mismo tiempo, combatir la pobreza y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de escapar de ella.