13 julio

Cuatro magistrados de la Sala Tercera desestimaron una causa abierta contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth por tráfico de influencias. Una investigación posterior determinó la improcedencia de la desestimación dada la prueba incorporada al expediente, relacionado con el caso del cemento chino.

Es difícil imaginar hechos más graves y dañinos para la credibilidad del Poder Judicial. La más alta instancia de la justicia penal puso fin a una investigación contra dos integrantes del Primer Poder de la República pese a la existencia de elementos suficientes para proseguirla. Para mayor preocupación, entre los involucrados está el presidente del Poder Judicial.

Si el hecho puede ser calificado de histórico, es porque en el pasado la impunidad fue casi total, como lo demuestran las expectativas peligrosamente bajas, nacidas de la práctica habitual

Los hechos están acreditados a satisfacción de la mayoría de los integrantes de la Corte Plena. Para ocho de ellos, la falta es gravísima. Como ese número es insuficiente para asentar una resolución, fue necesario reducir la calificación a falta grave. Entonces, a los involucrados se les impuso una amonestación escrita con respaldo de la mayoría.

Con tres votos más, 15 en total, la Corte Plena habría acreditado la comisión de una falta gravísima, sancionada con suspensión. La ley exige una mayoría calificada de 15 votos para imponer la suspensión, aunque los sancionados deciden, todos los días, sobre largas condenas de cárcel por diferencia de un solo voto, es decir, por mayoría simple.

En este caso, ni la falta es apenas grave, ni la amonestación escrita satisface. Nada hace la sanción por restablecer la confianza en el Poder Judicial o acreditar una voluntad de cambio. Si el hecho puede ser calificado de histórico, es porque en el pasado la impunidad fue casi total, como lo demuestran las expectativas peligrosamente bajas, nacidas de la práctica habitual.

Si en esta oportunidad hubo algún reproche, fue por la fuerza de los hechos y, pese a lo dicho por la mayoría de los magistrados, por su altísima gravedad. El envío del caso al archivo sin sanción alguna era impensable. En cambio, quedó demostrada la necesidad de modificar el régimen disciplinario, comenzando por la exigencia de mayorías calificadas, difíciles de conseguir entre colegas.

Sobre todo, es importante dar al procedimiento la transparencia aplicada al dictado de las sentencias. Los jueces conducen debates públicos sobre hechos que los imputados, por lo general ciudadanos comunes, a menudo preferirían mantener secretos. Concluyen el proceso con sentencias firmadas de su puño y letra no obstante la gravedad de las penas impuestas o las consecuencias patrimoniales y familiares de la decisión.

En cambio, cuando la investigación versa sobre actuaciones de un magistrado, aunque sea para imponerle una simple amonestación, el velo del secreto cae sobre los procedimientos y el voto se emite sin publicidad. El país pierde la oportunidad de saber cuáles de los 22 integrantes de la Corte Plena rechazan la calificación de los hechos como falta gravísima.

No faltará quienes aleguen la importancia de tomar decisiones de este tipo sin presiones de la opinión pública. Así deben actuar los jueces, con estricto apego a la conciencia y a la recta interpretación de la ley. Eso no exige secretismo, sino integridad, como la exhibida por los jueces frecuentemente criticados por incomprensión de las leyes y de la función judicial. Basta con preguntar a los encargados de imponer, denegar o levantar la prisión preventiva o a quienes deben decidir sobre la inadmisibilidad de una prueba mal obtenida. Sobre ellos se desatan injustas tormentas, pero eso no les impide cumplir sin temor. No deberíamos esperar menos de los magistrados, especialmente cuando toman decisiones relacionadas con la credibilidad de su importantísima función.