Bancos públicos y privados anuncian intenciones de facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los deudores afectados por la pandemia de la covid-19. En la mayoría de los casos, los arreglos consisten en permitir la posposición de pagos durante el período crítico y trasladarlos al futuro, cuando los deudores estén en condiciones de enfrentar mejor sus compromisos. En algunas situaciones, se ofrece una tasa de interés más baja para las cuotas pospuestas.
A pesar de las buenas intenciones, debe tenerse presente que la crisis del coronavirus afecta a las empresas de manera diferente según el área donde se desempeñen. Algunas, como las del sector de los servicios de entretenimiento y hotelería, se han visto obligadas a cerrar por tiempo indefinido. La vacación no disfrutada por un turista en los primeros meses de este año difícilmente se repondrá en el futuro cercano. Quienes servían en ese ámbito de la economía difícilmente podrán abonar las cuotas pactadas más las generadas durante el período de gracia concedido por los bancos.
Los clientes de tarjeta de crédito, entre ellos personas que pierdan su empleo, tendrán ante sí una situación similar y, para ellos, quizá lo mejor sea reestructurar el saldo al final del período crítico y volver a calcular las cuotas (interés y principal). Una revisión a la baja de la tasa de interés pagada por los clientes que antes de la crisis mostraron buen comportamiento crediticio, sería de mucha ayuda.
Los préstamos con garantía hipotecaria, como muchos formalizados tiempo atrás y para los cuales el valor de la garantía supera con creces el saldo, podrían ser objeto de un período de gracia, así como de una reestructuración de las operaciones cuando el entorno vuelva a la normalidad.
Algunos deudores van a quebrar por un mal giro de la suerte y los bancos comerciales deberán asumir la situación elevando las provisiones para créditos malos. La ayuda a las personas y empresas afectadas financieramente por la covid-19 podría provenir del ala fiscal, no de la monetaria, y eso llevaría a relajar las metas de déficit y endeudamiento del Gobierno Central. Sin embargo, para evitar daños mayores, el ideal es reacomodar el gasto corriente, como salarios, viajes y atenciones, para ajustarlo a las nuevas prioridades nacionales definidas por el entorno adverso.
Los bancos y otros intermediarios financieros deben cooperar para el alivio de la crisis que golpea a sus clientes del activo (deudores), pero también deben tutelar el interés de los clientes del pasivo (los depositantes e inversionistas). Por tanto, excederse en la generosidad del trato hacia los primeros es contraproducente, pues arriesgarían quedar mal con los segundos. El capital bancario, junto con las utilidades del período, es el colchón para hacer frente a desvíos adversos en los resultados financieros. En general, es muy bajo al compararlo con todas las obligaciones (pasivos) asumidas para su operación, y el seguro de depósitos tiene un límite relativamente bajo.
Es necesario revisar cuidadosamente la normativa financiera para determinar si algunas de las disposiciones son contraproducentes en momentos de crisis. El papel del Banco Central (BCCR) como prestamista de última instancia debe reconocerse y los actores —bancos comerciales y el mismo BCCR— deben prepararse para actuar con celeridad ante situaciones de iliquidez para evitar la contaminación del sistema financiero como un todo.
Ninguna medida para facilitar a los deudores sobrellevar las penurias derivadas de la difícil situación actual debe atentar contra la solidez del sistema financiero, que desempeña un papel clave en la economía nacional y, como ilustra la experiencia internacional, si falla tendrá efectos casi inmediatos y magnificados sobre la economía real.