EscucharEl costo de la energía eléctrica tiene mucho peso en el gasto de las familias costarricenses, en particular en las de más bajos ingresos. En consecuencia, los ahorros en el consumo energético también tienen enorme importancia.
Una fuente de ahorro es cambiar el refrigerador si tiene más de diez años de antigüedad, pues los nuevos modelos incorporan avances tecnológicos (más eficacia del rotor y mejor revestimiento, que aisla el calor externo).
El ahorro respecto de los modelos viejos es hasta un 15 % según el ingeniero Mauricio Sibaja, del Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE. (Vea “Refrigeradoras que ahorran energía serán obligatorias desde marzo”, La Nación, 16 de noviembre, 2017).
Se trata de una excelente noticia y, como veremos, es aceptable que el gobierno haya decidido ejercer una pequeña cuota de “dictadura blanda” al prohibir, a partir de marzo del año próximo, la venta en el país de refrigeradoras no conformes con los más altos estándares. “Desde México hasta Colombia se impondrán normas de forma obligatoria”, dijo la ministra a.i. de Ambiente y Energía, Irene Cañas.
Visto el ahorro, los propios consumidores pueden tomar la decisión de cambiar de aparato con la seguridad de que en poco tiempo recuperarán lo invertido, pero por razones que van desde la falta de liquidez hasta la inercia, la mayoría no lo hace aunque ese sea su mejor interés.
Como el cambio a refrigeradores modernos es de claro beneficio para las familias y, por tanto, de interés social, la prohibición de comercializar modelos viejos debe ser complementada con la eliminación de impuestos.
La medida no tendría efecto recaudatorio adverso (“sacrificio fiscal”), porque mientras los consumidores no cambien los aparatos, nada recaudará el gobierno.
Si produjera algún efecto fiscal, ese no sería motivo para descartar la idea, pues la recaudación no es un fin en sí mismo y si una exoneración apareja enormes beneficios sociales y ambientales, en buena hora se ponga en práctica.
En esas condiciones se haría atractivo comprar a crédito, a tasa de mercado, una nueva refrigeradora para uso familiar o empresarial, pues los ahorros futuros en la facturación eléctrica aportarán los recursos necesarios para el servicio de la deuda. Y si el cambio se hace sin recurrir al endeudamiento, el beneficio es claro e inmediato.
Dado que el sistema eléctrico de Costa Rica está integrado con el centroamericano por medio de la red Siepac, y existe un activo mercado de compraventa de energía regional, no hay por qué temer sobrantes antieconómicos de electricidad, pues lo que aquí no se utilizara puede ser exportado, con provecho, a otros países del área.
Por último, queda el tema de cómo disponer de los aparatos viejos. En primer lugar, es preciso evitar que sean reutilizados por otras personas, pues eso daría al traste con el objetivo de lograr ahorro energético.
También existe el riesgo de que se disponga de ellos por medios indebidos, como el abandono en lotes vacíos, acequias o ríos. La solución más sencilla es imponer a los vendedores de refrigeradores la responsabilidad de recoger y disponer eficazmente de las unidades viejas mediante algún sistema de incentivos como los aplicados a la renovación de la flota vehicular.
Estamos ante una medida de gran importancia económica y ambiental, que llama a la colaboración público-privada y que, en países con el grado de desarrollo social y conciencia ambiental de Costa Rica, no debería enfrentar obstáculos. Manos a la obra.
