EscucharCon excepción del exdiputado Ottón Solís, los garantes éticos ofrecidos en el curso de la campaña electoral duraron tres semanas y no se pronunciaron sobre absolutamente nada. Así de rápido se transformaron en cosa del pasado y, en adelante, solo servirán de blanco para la ironía. Si en el futuro se pronunciaran sobre algún hecho, no podrán evitar acusaciones de oportunismo y selectividad.
Tres de los cuatro dejaron pasar la oportunidad de manifestarse sobre el caso del jerarca del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Su ilustrado criterio no contribuyó al proceso de toma de decisión del presidente, Carlos Alvarado, aunque los hechos revisten características típicas del oficio, tan sui generis, de garantizar la probidad.
Las actuaciones de Mario Alfaro, presidente del conglomerado de medios estatales, son objeto de investigación a consecuencia de un crédito de ¢500 millones solicitado por una cooperativa integrada por sus familiares. Los recursos saldrían de un fondo administrado por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), al cual se le informó que la empresa contaba con el visto bueno del Sinart para contratar servicios de factoreo.
Más tarde, Alfaro solicitó una reunión con el Infocoop para discutir el tema del factoreo e invitó al gerente de Coopeasesorías R. L., cooperativa integrada por sus parientes, para exponer la propuesta. Alfaro admitió saber del proyecto y un correo electrónico incorporado al expediente del crédito en el Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión deja constancia de la probable contratación con el Sinart, lo cual incrementaba la viabilidad del crédito. El correo lo firma Alejandro Alfaro, presidente de Coopeasesorías y primo hermano del jerarca del Sinart.
Esos hechos no bastaron para provocar la intervención de los tres de los cuatro garantes éticos, alguno de los cuales se ha pronunciado, en varias ocasiones, por mucho menos. El presidente, Carlos Alvarado, vino a confirmar la seriedad de los indicios el martes, cuando pidió la renuncia de Alfaro. Había transcurrido una docena de días desde la primera publicación del caso en este diario y menos de 24 horas antes, el propio jerarca del Sinart denunció, ante el Congreso, el supuesto encubrimiento, con fines electorales, de un escándalo relacionado.
Según Mario Alfaro, los entonces ministros de la Presidencia Sergio Alfaro, de Comunicación Mauricio Herrera y de Cultura Sylvie Durán, única que permanece en el cargo, se pusieron de acuerdo para evitar que trascendiera, antes de la votación en segunda ronda, el resultado de una investigación ordenada contra el director general del Sinart, Pablo Cárdenas, por un permiso concedido al entonces candidato y actual diputado del Partido Acción Ciudadana Enrique Sánchez.
Sánchez era asesor de Cárdenas y pidió permiso para ausentarse del trabajo hasta el 4 de febrero, cuando resultó electo por San José. Debía regresar al trabajo el 12 de febrero, pero no lo hizo. Cuando los directores de la institución se inquietaron por el caso, Cárdenas dijo haber despedido a Sánchez con responsabilidad patronal. La explicación suscitó más dudas, porque fue el diputado electo quien faltó a sus obligaciones y en las circunstancias no tenía derecho a prestaciones. Entonces, Cárdenas dijo haber recibido la renuncia de Sánchez el 22 de febrero, con carácter retroactivo.
Alfaro asegura haber ordenado una investigación cuyos resultados no pudieron ser examinados por el Consejo Ejecutivo del Sinart porque representantes de otras instituciones, incluido el Ministerio de Cultura, no se presentaron. El ahora expresidente del Sinart afirma haber recibido una llamada de Herrera para decirle que no podían permitirles sesionar. También dice haber conversado con el ministro de la Presidencia, quien le pidió, en presencia de la ministra de Cultura y del propio Cárdenas, no divulgar el informe antes de la segunda ronda electoral.
Los directores del Sinart despidieron a Cárdenas el 5 de abril, poco después de la segunda ronda, por pérdida de confianza. Alfaro exhibió un mensaje de texto de Herrera donde daba cuenta del enojo en Zapote por el despido. La destitución se concretó el 7 de mayo. Al día siguiente, el cesado asumió la dirección de Comunicación del gobierno recién inaugurado, con despacho en la Casa Presidencial. Pasaron unas tres semanas y el viernes 25, tres días antes de que Alfaro declarara en el Congreso, Zapote anunció la nueva destitución de Cárdenas.
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Solamente Ottón Solís llamó al presidente, le externó su criterio y le dio recomendaciones, la semana antepasada. El silencio del resto de los garantes éticos, no obstante la lluvia de indicios, es ensordecedor pese a las repercusiones del caso en el gobierno actual, no solo por la contratación de Cárdenas, sino por los cuestionamientos a la ministra de Cultura y a un diputado en ejercicio. Margarita Penón simplemente se abstuvo de comentar. Rodrigo Alberto Carazo está en espera de lineamientos del presidente y José Manuel Arroyo se escuda detrás de una tesis que no fue desarrollada en el curso de la campaña: si el asunto está siendo investigado por la Presidencia, los garantes callan.
La garantía, tan cacareada a lo largo del proceso electoral no es exigible cuando Zapote se adelanta a investigar y es inaplicable sin lineamientos de cuya existencia no se habló durante la campaña. Una vez más, se confirma el consejo de prestar atención a la letra menuda de las garantías.
