26 agosto, 2020

Dragos Dolanescu, destacado entre los legisladores que solicitan a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría de la Ética investigar una carta de intenciones firmada por el Grupo Nación y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), pide valorar la línea editorial de este diario después del acuerdo. La tesis, esbozada por el sitio crhoy en uno de los titulares engañosos publicados sobre el tema, es la siguiente: “Tras firmar convenio con Incofer, Nación se volcó en apoyo editorial al tren eléctrico”.

La afirmación es totalmente falsa y lo demostraremos, con prueba contundente, líneas más abajo, pero, primero, nos sumamos nuevamente a la petición del diputado y rogamos a las autoridades efectuar, sin dilaciones, la investigación de la carta de intenciones y también de nuestra línea editorial, si lo consideran relevante. Ofrecemos, una vez más, toda nuestra colaboración y renunciamos a protestar por las obvias implicaciones de semejante pesquisa para las libertades de expresión y prensa.

Como es evidente para quien lea la carta de intenciones, el acuerdo no tiene relación con el tren eléctrico, sino con el tren de diésel existente. El único compromiso es colaborar para conseguir recursos y aliados con el objeto de extender ese servicio hasta Coyol en beneficio de los vecinos, las empresas instaladas en la zona franca y alrededores, sus 32.000 empleados, el Incofer que, además de ampliar sus servicios recopilaría valiosa información sobre la demanda, y miles de visitantes del Parque Viva, propiedad del Grupo Nación.

Para lograrlo, es preciso contar con $1,7 millones. El Incofer no los tiene y la alianza con el sector privado podría producirlos. Esa es la esencia de la carta de intenciones y lo hemos demostrado hasta la saciedad en nuestros editoriales del 25 y 26 de agosto.

Esa realidad torna risible el pretendido vínculo entre nuestras publicaciones posteriores y el inocuo acuerdo firmado el 11 de junio del 2019, del cual dimos cuenta el 13 de ese mes, porque nada hay que ocultar. Si eso no fuera suficiente, basta con revisar los archivos de La Nación para constatar nuestro apoyo al tren eléctrico mucho antes de la firma del acuerdo cuyo contenido, una vez más, nada tiene que ver con ese proyecto.

El 31 de mayo del 2015, nuestro director, Armando González R., tituló su columna “Un sueño”, en alusión al tren eléctrico, y escribió: “El tren… es un elemento necesario para enfrentar las crecientes necesidades del transporte. En un país donde la electricidad debería ser abundante —y lo será cuando hagamos a un lado los prejuicios— el empleo de recursos energéticos limpios, autóctonos y comparativamente baratos merece estímulo en todos los ámbitos”.

El 17 de junio del 2015, nuestro editorial titulado “Encarrilar el tren” expresaba: “Desde que se reabrió en el 2005, el tren se convirtió en una necesidad para miles de costarricenses que diariamente lo utilizan y que el año pasado superaron los 3,6 millones... Tras una década de reapertura, el servicio es víctima de su propio éxito y de una administración pública que no ha sabido planificar y gestionar su crecimiento acelerado”. Luego, señalaba que el tren eléctrico, “de concretarse, sería una de las iniciativas de planificación urbana más importantes de la primera mitad del siglo XXI”.

El 6 de noviembre del 2017, cuando parecía improbable la elección de Carlos Alvarado (tenía un 6,3 % de intenciones de voto en la encuesta publicada por la Universidad de Costa Rica en octubre y cayó al 4 % el mes siguiente) y era imposible prever el empeño de su administración en el desarrollo del ferrocarril, nuestro editorial se tituló “El tren necesario” y abogaba por una alianza público-privada y la figura de la concesión para resolver el apremiante problema de un ferrocarril anticuado cuya “demanda aumenta pese a la incomodidad y el riesgo”.

El 25 de junio del 2018, un año antes de la carta de intenciones, nuestro editorial rezaba: “La primera dama, Claudia Dobles, consiguió, en poco tiempo, iniciar una conversación seria sobre la posibilidad de construir un ferrocarril eléctrico. El tren ayudaría a aliviar el congestionamiento de vías en el Valle Central y proporcionaría a los usuarios y conductores de vehículos mayor seguridad”.

La lista es mucho más larga, pero cualquiera de las publicaciones citadas desmiente la temeraria afirmación de Dolanescu cuando escribe al procurador que nuestra línea editorial evidencia “especial interés a partir de la firma de dicho convenio que se pagará con un subsidio de todos los costarricenses”. Ni es cierto lo dicho sobre la línea editorial ni es cierto, por supuesto, que el convenio se vaya a pagar con subsidios de nadie. Por el contrario, su propósito es “subsidiar”, si cabe la palabra, un servicio para todos los costarricenses. Queda desmentido, además, el titular de crhoy.