EscucharLa comisión legislativa encargada de revisar las deficiencias de la legislación aplicable a las huelgas sirve, sin proponérselo, como una vitrina donde la dirigencia del sindicalismo se exhibe sin pudor. La prolongada huelga del año pasado, la disrupción de la convivencia, las posiciones intransigentes y la retórica encendida ya habían corrido velos, pero los reposados testimonios ante los diputados son todavía más esclarecedores.
Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), dejó estupefactos a los diputados cuando minimizó la importancia de la educación con una frase antológica: “El hecho de que un niño desgraciadamente no reciba educación lo podría hacer más ignorante, con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no tener este derecho, aunque es un servicio sumamente importante”.
Por su parte, Marta Elena Rodríguez González, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), dejó clara la irrelevancia de la ley cuando se opone a las pretensiones sindicales. Su voluntad es la ley y los diputados pierden el tiempo si pretenden prohibir las huelgas en los servicios esenciales, incluidos los de salud. Habrá huelgas, no importa la prohibición legal, advirtió.
Mario Rojas Vílchez, secretario general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, no parece tan convencido. “¿Quién va querer ir a una huelga si le rebajan su salario?”, preguntó. Pero nadie ha planteado rebajar el salario a quienes ejerzan el derecho a huelga, sino a quienes se sumen a una huelga ilegal, como serían los movimientos con perjuicio de los servicios esenciales.
Para armonizar las declaraciones de los dos sindicalistas, es preciso entender que habrá huelgas ilícitas, aun en los servicios esenciales, mientras el abuso sea gratuito. Cuando la ilicitud haga surgir una responsabilidad pecuniaria, como sucede en todo el resto del ordenamiento jurídico, habrá menos entusiasmo por el abuso.
Esa es, precisamente, la idea. Sin embargo, Rojas asombró a la comisión postulando que la impunidad es la “esencia de la huelga”. “¿Y por qué ni rebajas ni sanciones? Porque se le quita la esencia a la huelga. Entendámoslo, si la huelga va con rebajas, ¿quién va querer ir a la huelga?”, preguntó con desconcertante seriedad.
El derecho a la huelga impune e indefinida, sea en servicios esenciales o no, con independencia de las disposiciones de ley, tampoco admite requisitos. Lenín Hernández Navas, presidente de la Rerum Novarum, no tuvo empacho en reconocer el carácter “político laboral” de la huelga reciente.
La huelga política se convoca en protesta contra políticas públicas, sin ningún reclamo frente al patrono. Por ejemplo, nada exigían los trabajadores de Recope a su patrono. Pedían el retiro del plan fiscal aunque esa decisión nunca estuvo en manos de la Refinadora. Según los tribunales de trabajo, las huelgas políticas están permitidas porque no están prohibidas y, como no se les menciona en la ley, no hay requisitos para su declaratoria.
La idea es una perversión de las recomendaciones no vinculantes del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo, que acepta ese tipo de manifestaciones mientras sean muy limitadas en el tiempo y apenas suficientes para manifestar el desacuerdo con la política pública objeto de la protesta. Pero, según la tesis de Hernández, el prolongado abandono de las aulas por los educadores es un movimiento “político laboral” y “democrático”. A fin de cuentas, repetiríamos con Cascante, “que un niño desgraciadamente no reciba educación lo podría hacer más ignorante, con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no tener este derecho…”.
Albino Vargas, secretario general de la ANEP, no parece estar totalmente de acuerdo. En su criterio, la educación podría ser considerada un servicio esencial si se le interrumpe por un tiempo prolongado. Esa opinión sorprende, viniendo de un dirigente que se presentó ante la comisión para culpar a los gobernantes por los exabruptos de quienes abogan por un golpe de Estado y hablan en las redes sociales sobre la necesidad de “la lucha armada”.
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Por cualquier eventualidad, los sindicatos rechazan la “imposición” legal de un mecanismo para impedirles jugar al gato y al ratón con los notificadores judiciales. No alegaron que la posibilidad de evadir la notificación sea parte esencial del derecho a huelga, pero sí argumentaron una violación a la libertad estatutaria de sus organizaciones. La grave intromisión consiste en exigirles establecer un correo electrónico para recibir notificaciones.
A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. El extraordinario desfile de sindicalistas y sus inusitadas declaraciones constituyen una irrebatible confesión de la urgencia de aprobar la reforma en trámite. Desperdiciar la oportunidad es escoger la indefensión frente a la arbitrariedad y el abuso.
