El cambio climático habrá elevado en el 2050 la temperatura de nuestra zona en 1,6 grados centígrados y causado la disminución de las lluvias en un 20 %. Una simulación ejecutada por técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte sobre consecuencias espeluznantes.
La franja central del país, desde la frontera con Nicaragua hasta el golfo de Nicoya, sufrirá la pérdida del 48 % del agua disponible y las grandes concentraciones urbanas del Valle Central estarán entre las más perjudicadas. Si ya hay comunidades donde el racionamiento es recurrente, año con año, es fácil imaginar los efectos del enorme faltante proyectado a solo 30 años plazo.
Las generaciones futuras llevarán el peso de los efectos, pero en tres décadas los jóvenes de hoy apenas estarán en la plenitud de la vida. No es un problema futuro, sino de apremiante actualidad. El BID sugiere dejar de planificar con solo el crecimiento del consumo en mente y añadir a las proyecciones las consecuencias del cambio climático.
Un país hasta ahora privilegiado por un generoso régimen de lluvias corre el riesgo de dejarse sorprender. Costa Rica ha maltratado su recurso hídrico en parte porque hasta hace poco la escasez era inimaginable. Poco podemos hacer para impedir el avance del efecto invernadero. Más que por la contribución directa a la reducción global de emisiones, la descarbonización de nuestra economía importa como ejemplo y podio desde el cual ejercer influencia moral en foros internacionales.
En cambio, la mitigación de los efectos está directamente en nuestras manos. El país sufre un grave rezago en infraestructura. En las condiciones actuales, y sobre todo en las previsibles, no podemos darnos el lujo de dejar de captar y distribuir cada gota disponible y, por fortuna, hay bastante más de lo que aprovechamos.
El BID recomienda el diseño de un plan maestro para identificar las fuentes de abastecimiento y las necesidades de desarrollo. Para hacerlo, es indispensable revisar la institucionalidad y la legislación, ambas excesivas y dispersas. El papel rector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debe fortalecerse y también sus finanzas.
Precisamente porque hemos gozado de agua en abundancia, el suministro en Costa Rica es barato y ha habido demasiada tolerancia para el robo y las conexiones ilícitas. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) también debe considerar las implicaciones del cambio climático cuando fija tarifas.
No solo se trata del suministro. Es un sinsentido hablar del agua para el consumo humano sin hacer referencia al tratamiento de las aguas residuales. La falta de preocupación por esta problemática explica la contaminación de ríos y cuencas enteras con la obvia disminución del recurso hídrico no contaminado. Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA, plantea la necesidad de explorar soluciones novedosas, como el empleo de alianzas público-privadas para ofrecer servicios de tratamiento.
Urge, además, imponer la planificación urbana y regional. El Programa Estado de la Nación ha venido señalando el bajo número de cantones con planes reguladores actualizados y el crecimiento desordenado de las llamadas “ciudades intermedias”, como Ciudad Quesada, San Isidro y otras. Esas manchas urbanas se extienden con celeridad cometiendo los mismos errores del área metropolitana, entre ellos, la urbanización sobre nacientes necesarias para asegurar el futuro.
El tiempo no está a nuestro favor. Tampoco los recursos económicos necesarios para enmendar los errores del pasado y paliar las consecuencias del cambio climático. Es hora de aprovechar cada minuto y hacer los sacrificios requeridos para asegurar el futuro en la medida de lo posible.