31 agosto

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) decidió inaugurar la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico, cuya construcción comenzó en el 2012 y debió concluir dos años más tarde. La inauguración, con cuatro años de retraso, no marca la terminación de la obra, pero aviva la esperanza de contar a corto plazo con la infraestructura en condiciones de operar.

El atraso ha tenido un costo considerable, no solo por el aumento admitido de $5 millones en el precio de la obra, sino también por las economías perdidas en la importación de combustibles. La capacidad de la nueva terminal portuaria permitirá recibir tanqueros más grandes y así reducirá el número de barcos contratados para abastecer al país.

Con el paso del tiempo, las responsabilidades se diluyen y los costos aumentan, en ocasiones para beneficio de constructores que exigen ajustes de precio y ampliaciones de sus contratos

A lo largo de cuatro años, el país ha perdido las ventajas económicas de importar el combustible en camión, no en camioneta, para citar el ejemplo propuesto por un exfuncionario con conocimiento de la materia. Sin embargo, Recope guarda silencio sobre la recuperación de las pérdidas y las garantías incorporadas a la contratación.

La obra está a cargo de un consorcio conformado por la firma mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), en condición de socio mayoritario, y la empresa costarricense Meco. El último atraso, en marzo del 2017, obedeció a una crisis financiera de la compañía mexicana. Unos 150 trabajadores suspendieron labores por falta de pago y la paralización de la obra duró 17 meses.

Entendidas las causas y consecuencias de los atrasos, cuesta trabajo comprender la falta de empeño puesta en el establecimiento de responsabilidades, tanto de los contratistas como de funcionarios de Recope, si existieran razones. En estos casos, el país no debe asumir la factura sin un informe detallado de los responsables y los esfuerzos desplegados para exigir resarcimiento.

Esa debería ser la norma, pero abundan los ejemplos contrarios. Quizá el más emblemático, en este momento, es la ruta a San Carlos, todavía ayuna del tramo entre Sifón de San Ramón y La Abundancia, cuya construcción se inició hace 13 años. No es la Vía Apia. Mide 29 kilómetros y ya ha costado $231 millones, aunque las autoridades calculan el gasto de otros $123 millones y el paso de tres años para terminar el trabajo.

El contrato ha sido modificado siete veces y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está pendiente de la octava rectificación para contar con los $123 millones adicionales. En algún rincón de la Administración Pública, o quizá de las empresas relacionadas con la obra a lo largo de tantos años, hay responsables de la imprevisión y malas decisiones causantes del retraso. Unas vez más, el daño rebasa en mucho el grave aumento en el precio de la obra, que desde hace más de una década debió economizar 45 minutos a cada viaje entre San Carlos y el Valle Central. El impacto sobre el turismo, la producción y la calidad de vida en la zona es formidable.

Con el paso del tiempo, las responsabilidades se diluyen y los costos aumentan, en ocasiones para beneficio de constructores que exigen ajustes de precio y ampliaciones de sus contratos. Mientras la burocracia persista en negarse a sentar responsabilidades no habrá forma de avanzar en esta materia. No se trata de venganza y ni siquiera de recuperar pérdidas, sino de dejar establecida, más allá de cualquier duda, la voluntad del Estado de exigir el cumplimiento oportuno y con sujeción a los términos del contrato en cuanto a calidad y funcionalidad de las obras. No es mucho pedir, sobre todo, en vista de tantas malas experiencias.