25 junio

La reelección del magistrado Paul Rueda pone a salvo el principio de independencia judicial, pero no resuelve la falta de transparencia legislativa. Los diputados se sintieron obligados a expresar su intención de voto de viva voz, mas rechazaron modificar el reglamento para convertir la publicidad en regla. Cedieron ante el clamor ciudadano en el caso concreto y, al mismo tiempo, mantuvieron vivo el secretismo para desempolvarlo en el futuro. Así, evadieron el daño de decidir el caso de Rueda de espaldas a la ciudadanía, pero preservaron la falta de transparencia, contraria al orden constitucional y caldo de cultivo de oscuros acuerdos bajo la mesa.

El fuerte rechazo de instituciones y ciudadanos al secreto en lo referente a Rueda se unió al anuncio del voto abierto de un creciente número de diputados para dar al traste con el plan de decidir en la penumbra, pero el fracaso de la reforma reglamentaria demuestra la aspiración de aplicar el método en el futuro.

El voto alterado resultó intrascendente de cara al resultado, pero es aleccionador del peligro de hacernos representar, como ciudadanos, por personas reacias a votar de frente al país.

Al final, luego de revelar su intención de voto, los legisladores se pronunciaron en secreto sobre la reelección del magistrado, con pleno conocimiento de la jurisprudencia constitucional a favor de la transparencia y en contra de la aplicación, en estos casos, del artículo 228 del reglamento.

No hay posibilidad de alegar ignorancia porque las mociones planteadas para procurar una votación pública hacían las citas jurisprudenciales correctas. Además, las razones legales para inclinarse por la transparencia fueron ampliamente discutidas ante la opinión pública y en el curso del debate se dio a conocer la posición de la Procuraduría General de la República al contestar un recurso de inconstitucionalidad planteado contra el secretismo legislativo.

El artículo 117 de la Constitución Política fija la publicidad como regla general para las sesiones y votaciones de la Asamblea Legislativa. El secreto se autoriza solo “por razones muy calificadas y de conveniencia general” si dos terceras partes de diputados presentes lo acuerdan. Ese acuerdo es de carácter excepcional, para el caso concreto, y no puede alcanzar de modo general y abstracto a una categoría de situaciones. Además, debe ser razonado y está sujeto a control de constitucionalidad.

La Procuraduría no omitió señalar lo obvio: el reglamento legislativo debe conformarse con la Constitución, y no a la inversa: “Pese a la también reconocida potestad (…) de la Asamblea Legislativa para dotarse de su propio reglamento interno (artículo 121, inciso 22, de la Constitución), no puede aprovecharse la misma para derogar los principios de publicidad y de transparencia para un tipo de asuntos, por cuanto, la regla que se extrae, como se apuntó, del artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política es que el carácter secreto debe ser dispuesto caso por caso”.

Desde hace años, la discusión sobre el sistema de elección de magistrados se centra en las arbitrariedades y absurdos de la comisión de nombramientos y las negociaciones de votos entre partidos, casi siempre en la oscuridad. La reelección de Rueda ha puesto los reflectores sobre el procedimiento secreto, habilitante de muchos de esos males.

La votación secreta del lunes permitió a un diputado engañar al país manifestando su intención de favorecer la reelección y luego votando contra ella. Solo hubo 28 votos a favor de los 29 públicamente comprometidos. El voto alterado resultó intrascendente de cara al resultado, pero es aleccionador del peligro de hacernos representar, como ciudadanos, por personas reacias a votar de frente al país. El legislador infiel merece agradecimiento por demostrar la necesidad de transparencia en una verdadera democracia en la cual todo funcionario rinda cuentas.