28 mayo

Ya basta de preguntar a las jóvenes universitarias por qué no denuncian. Es hora de preguntar a las autoridades académicas y administrativas por qué no investigan. También es necesario preguntar a los encargados de examinar casos de acoso sexual por qué tardan tanto y con cuáles criterios disponen una simple suspensión para hechos merecedores de sanciones más severas, aunque solo fuera para proteger al estudiantado.

Las universidades deben explicar por qué sus reglamentos prescriben hasta treinta días de suspensión cuando los hechos “graves” se dan entre estudiantes, es decir, entre pares, y un máximo de ocho días cuando el acoso proviene de un profesor revestido de autoridad y jerarquía por la universidad misma. El grosero contrasentido es vergonzosamente revelador.

La revisión de los reglamentos y las medidas de protección de los denunciantes no requieren de mucho pensamiento. Las fallas son evidentes y también los remedios.

Es preciso explicar, además, las pocas garantías ofrecidas a las denunciantes porque las valientes jóvenes, decididas a poner fin a prácticas tan antiguas como reprobables, afirman, una y otra vez, que la escasez de denuncias formales se debe a la falta de resultados y al temor a represalias.

Jóvenes universitarias han demostrado más confianza en la prensa y en sitios de Internet organizados por sus compañeras. Fabiola Bermúdez, estudiante de Sociología, se unió a la alumna de Derecho Eliana Quimbayo para crear en octubre una página digital llamada “Me pasó en la UCR” (#MepasóenlaUCR) y en solo ocho meses han recibido 145 denuncias. El Semanario Universidad no enfrentó obstáculos para conseguir diez testimonios y Telenoticias de canal 7 obtuvo uno más.

Los estudiantes de Derecho confrontaron a su decano, Alfredo Chirino, a quien ya habían enviado una carta con quejas específicas. La reacción inicial del decano, con la desafortunada invocación de una “leyenda negra” es, al mismo tiempo, admisión de conocimiento de una situación delicada en la facultad a su cargo y justificación de la inacción de la unidad académica.

Las autoridades no pueden desatender la obligación de proporcionar al estudiantado condiciones de seguridad y tranquilidad, pero eso no se logra siguiendo el ejemplo de Derecho, donde hasta hace poco solo se actuaba cuando mediaba denuncia formal y la acción se limitaba a remitir el caso a las instancias universitarias, esperar su decisión y aplicar la sanción correspondiente a la calificación de los hechos. Al parecer, nada más podía hacer la decanatura para garantizar la idoneidad del ambiente de estudios. Así, se cerraría un círculo vicioso porque la denuncia difícilmente será recibida mientras las alumnas teman al riesgo asumido a cambio de tan exiguos resultados. Anteayer, el decano rectificó y en la facultad se establecieron medidas para enfrentar y estudiar el problema.

Las autoridades universitarias, en todos los niveles, deben aceptar el reto planteado el lunes por una veintena de jóvenes estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico. Las estudiantes se declararon en estado de emergencia ante las agresiones sexuales que, aseguran, ocurren en esos centros de enseñanza. Con el mismo sentido de urgencia deben reaccionar las autoridades. La revisión de los reglamentos y las medidas de protección de los denunciantes no requieren de mucho pensamiento. Las fallas son evidentes y también los remedios.

Es preciso limitar la discrecionalidad de las comisiones encargadas de examinar los casos. Los abusos son pan de cada día en las tres universidades, según las estudiantes, pero las sanciones, cuando hay denuncia, son pocas y leves. El proceso tampoco es transparente en sus resultados. Si hay razones para mantener el trámite secreto, el hallazgo de responsabilidad debe ser de dominio público.

Por otra parte, la víctima debe ser protegida y bajo ninguna circunstancia se puede correr el riesgo de volver a exponerla a su agresor o a profesores afines. Por el contrario, es preciso proveerle un acompañamiento con autoridad para poner coto a todo intento de represalia. Sobre todo, quienes procuran cargos de responsabilidad en la comunidad académica, los cuales no son en forma alguna impuestos u obligatorios, deben asumir entre sus compromisos el de ser proactivos en la lucha contra este flagelo social que debe ser desterrado de todos los rincones, comenzando por las instituciones de enseñanza.