3 febrero

Por segunda vez en nuestra historia republicana moderna, los costarricenses tuvimos, el domingo, la oportunidad de votar por la totalidad de las autoridades encargadas de dirigir los asuntos municipales. Estuvieron en competencia 6.138 puestos: 82 alcaldes, 164 vicealcaldes, 508 regidores propietarios y suplentes, 8 intendentes y viceintendentes, 486 síndicos propietarios y suplentes, 1.912 concejales de distrito propietarios y suplentes y 32 concejales municipales de distrito propietarios y suplentes.

Dada la complejidad del proceso, merece destacarse, más aún que en las elecciones presidenciales y legislativas, la impecable organización y conducción del Tribunal Supremo de Elecciones, con la colaboración de los 87 partidos participantes y miles de ciudadanos que se sumaron a la dinámica como voluntarios.

Es necesario aumentar la participación y mejorar los procesos de representación y gobernanza cantonales.

Al analizar los resultados, sin embargo, lo primero que salta a la vista es menos estimulante: la persistencia de un enorme abstencionismo. De un promedio nacional del 64,8 % hace cuatro años, apenas bajamos al 63,6 % ahora. El peor extremo ocurrió en el cantón central de San José, donde incluso subió al 74,6 %, un punto porcentual más que en el 2016; el mejor, en la primera votación del nuevo cantón de Río Cuarto: el 32,8 %.

Lo anterior quiere decir que las circunstancias locales son fundamentales para explicar el grado de participación; también, en buena medida, la especificidad de los resultados, tal como se reflejaron el domingo. Por un lado, el número de alcaldías en manos de partidos locales subió a 14, de 5 hace 4 años. Algunos de ellos sirvieron simplemente como plataformas para la reelección de alcaldes que antes habían competido con las divisas de partidos nacionales, pero otros tienen verdaderas raíces cantonales. La dinámica local también pasó una dura factura a Restauración Nacional y Nueva República. A pesar de su desempeño en las elecciones nacionales del 2018, no obtuvieron ninguna alcaldía (todavía no hay datos sobre regidores), presumimos que no solo por el desgaste de algunos dirigentes nacionales, sino también por su insistencia en temas con fuertes connotaciones religiosas, ajenos a los retos de los gobiernos municipales y sus ciudadanos.

El impacto de lo anterior también fue evidente en la distribución general de alcaldías por partidos, sobre todo en el caso de Liberación Nacional. Se mantiene, a gran distancia del que le sigue, como el que tiene la presencia nacional más extendida y profunda, algo sin duda importante para su capacidad electoral general; sin embargo, de las 9 alcaldías que perdió —un número significativo—, 7 pasaron a partidos locales. El PUSC, por su parte, debe estar satisfecho con sumar 2 a las 14 que tenía; el PAC, preocupado por pasar de 6 a 6; y el Frente Amplio, alarmado por perder la única que ocupaba, en Barva de Heredia, a manos del Republicano Socialcristiano.

Además de los asuntos locales, la capacidad de movilización y ambiciones personales de varios candidatos (y muy pocas candidatas), con estructuras que giran a su alrededor, también desempeñaron un papel decisivo en los resultados, y en los cambios de partido, en casi una decena de casos, para buscar la reelección. Si a esto se añade el gran abstencionismo, la dispersión de opciones, dada la facilidad para establecer partidos cantonales, la mayoría relativa para las alcaldías y la reelección consecutiva indefinida, es posible explicar por qué algunos han logrado mantenerse en sus cargos por tanto tiempo, y no siempre para bien de sus comunidades.

Que apenas esta sea la segunda oportunidad de tener elecciones cantonales generales indica que aún estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento en representación y gobernanza locales. Precisamente por esto, es necesario introducir reformas en el proceso y dos, postergadas, resultan esenciales: en primer lugar, limitar la reelección indefinida; en segundo, establecer umbrales más robustos para la inscripción de partidos y el mínimo de votación requerido para mantenerse inscritos. Pero, además, es necesario trabajar, como política de Estado, en la mejora de los gobiernos municipales y, eventualmente, en una reforma de la división político-administrativa del país, que permita dinámicas territoriales más acordes con sus realidades y retos. No dudamos que, en conjunto, estos cambios conduzcan a mejor calidad de vida y progreso para nuestras comunidades.