9 enero
An ice cream vendor walks by a mobile health clinic displaying a picture of Nicaragua's President Daniel Ortega (R) and his wife Vice-President Rosario Murillo (R) in Managua on April 14, 2020 during the pandemic of the novel coronavirus COVID-19. - Ortega has not appeared in public for 32 days and there is much speculation regarding the coronavirus COVID 19 disease. (Photo by INTI OCON / AFP)
An ice cream vendor walks by a mobile health clinic displaying a picture of Nicaragua's President Daniel Ortega (R) and his wife Vice-President Rosario Murillo (R) in Managua on April 14, 2020 during the pandemic of the novel coronavirus COVID-19. - Ortega has not appeared in public for 32 days and there is much speculation regarding the coronavirus COVID 19 disease. (Photo by INTI OCON / AFP)

Con una celeridad y atropello que violentaron los principios más elementales de la transparencia parlamentaria, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, durante los últimos días del año, una legislación que vaciará de posibilidades competitivas reales las elecciones previstas para el 7 de noviembre de este año. Se une así a otras dos leyes represivas y una reforma constitucional avaladas expeditamente en el último trimestre del 2020, que han consolidado el carácter dictatorial, arbitrario y represivo (además de clientelista y corrupto) del régimen.

Su pomposo título —Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz— esconde la verdadera naturaleza de la norma. Esta consiste en definir una amplia categoría de conductas que convierten en «traidores a la patria» a quienes incurran en ellas y, de inmediato, los priva del derecho a optar por cargos de elección popular, «sin perjuicio de las acciones penales correspondientes».

El despojo de un derecho tan esencial, el calificativo tan grave y el riesgo de ser procesado como delincuentes se aplicarán a «los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico».

La gran cantidad de causales para la inhabilitación electoral revela con toda crudeza la monstruosidad del texto. La mayoría de ellas son tan amplias e indefinidas que sus alcances darán gran capacidad de interpretación a quienes las apliquen. Como esta tarea recaerá en funcionarios políticos o jueces obedientes a la dictadura, el resultado será que solo personas y partidos dóciles, cómplices y débiles podrán competir por la presidencia y otros cargos. Es decir, habrá unas falsas elecciones sin verdaderas opciones, que abrirán el camino para cinco años más de Daniel Ortega y el engendro de Estado-partido-familia que domina el país desde el 2007.

Las posibilidades de un cambio de rumbo, por desgracia, son remotas. Por un lado, con esta legislación punitiva los mecanismos represivos se han endurecido al extremo; por otro, la oposición está dividida y no hay señales inmediatas de que pueda formar un bloque realmente sólido, capaz de forzar un cambio en las nuevas condiciones. Además, la influencia externa es limitada.

La «aplanadora» normativa del régimen se activó el 15 de octubre pasado, con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a personas e instituciones que reciban fondos del exterior a inscribirse como «agentes» foráneos, perder sus derechos de participación política y exponerse a fuertes controles. El 27 siguió la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como «mordaza», porque define una serie de imprecisos delitos vinculados con la libre expresión. Y el 10 de noviembre recibió primer debate una reforma constitucional que establece cadena perpetua a quienes cometan «crímenes de odio», los cuales tendrán connotaciones esencialmente políticas. Su ratificación está prevista para los próximos días.

El rechazo a esta embestida represiva —instrumentada por un Congreso dominado por Ortega— ha sido masivo, dentro y fuera de Nicaragua. Hasta ahora, sin embargo, el régimen no ha dado muestra alguna de rectificación, y los recursos para forzarlo son débiles. La oposición, aglutinada inicialmente alrededor de la Coalición Nacional, se fragmentó tras la salida de varias organizaciones. La presión internacional no ha sido robusta y, de serlo, tampoco garantiza que el régimen cederá: el ejemplo de Venezuela es aleccionador en este sentido.

¿Qué espera, entonces, a Nicaragua en este 2021? Además de mayor crisis económica y social, tememos que padecerá también más dictadura. Solo si las fuerzas internas lograran actuar al unísono y si son acompañadas por una fuerte solidaridad internacional, aparejada con sanciones eficaces contra el régimen, habrá esperanzas. Son muy remotas, pero no imposibles.