Hace 6 días

Dos años y medio después de optar por salir de la Unión Europea (UE), y apenas diez semanas antes de la fecha establecida para hacerlo, el Parlamento británico se enfrentará, el próximo martes, a una decisión crucial: aprobar los muy imperfectos términos de separación negociados por la primera ministra, Theresa May, o rechazarlos y agudizar, aún más, la crisis política que consume al Reino Unido desde el referendo sobre el brexit, celebrado el 23 de junio del 2016. Hasta ahora, la opinión más generalizada es que ocurrirá lo segundo. ¿Qué seguirá entonces? Nadie puede responder con certeza, pero ninguna opción se ve medianamente razonable. Todas implicarán severas consecuencias en ámbitos múltiples.

Haber llegado a un punto tan dramático y riesgoso para el futuro de un país cuna de la democracia, ejemplo de estabilidad, abanderado del pragmatismo, defensor del liberalismo y apegado a la civilidad, es realmente dramático; más aún, alarmante. Pone de manifiesto los terribles costos que pueden generar decisiones trascendentales mal calculadas y que no emergen de debates públicos razonados y serenos, sino del inescrupuloso uso de la demagogia y los simplismos para manipular emociones ciudadanas en momentos de crisis, enojo o ansiedad populares.

Negociar la modalidad de separación de la UE demostró ser un proceso mucho más complejo y costoso en sus posibles opciones de lo que pregonaban los abanderados del brexit

El referendo para decidir sobre la salida o permanencia del Reino Unido en la Unión Europea fue convocado por el entonces primer ministro conservador David Cameron, luego de una contundente victoria electoral. Dio por sentado que el resultado sería abrumadoramente favorable a la permanencia y que, de este modo, acallaría para siempre a los miembros de su propio partido, así como de una serie de grupos, entonces marginales, que insistían en abandonar la UE o renegociar a extremos imposibles los términos de permanencia.

Ocurrió lo contrario. Ante la derrota, Cameron renunció, May lo sustituyó como líder conservadora y primera ministra, convocó nuevas elecciones que resultaron desastrosas y quedó al frente de un gobierno sumamente debilitado ante la oposición laborista —que escogió como líder a Jeremy Corbyn, de su extrema izquierda— ante Europa y ante sus propios conciudadanos.

Negociar la modalidad de separación de la UE demostró ser un proceso mucho más complejo y costoso en sus posibles opciones de lo que pregonaban los abanderados del brexit. El resto de los países de la Unión decidieron, justificadamente, adoptar una posición razonable en métodos, pero sumamente dura en principios. Como resultado, el acuerdo que finalmente logró obtener May no satisfizo plenamente a nadie: ni a los proeuropeos o a los antieuropeos en su propio partido conservador, ni a los moderados o radicales en el laborista, ni a los liberales, ni a partidos de base regional, ni a amplios sectores de la población confundidos o decepcionados.

Frente a todos ellos, el principal argumento de May para impulsar el acuerdo ha sido calificarlo como el más razonable posible (en lo cual tiene bastante razón) y alertar sobre las terribles consecuencias de abandonar la Unión de forma desordenada. Sin embargo, precisamente por el carácter de “menos malo” que tiene el compromiso alcanzado en Bruselas, no ha podido generar un bloque de apoyo suficientemente sólido en el Parlamento, ni siquiera entre una mayoría de conservadores que temen una ruptura traumática con Europa. Esto hizo que la fecha inicial para su votación, fijada para el 11 de diciembre, se pospusiera para el 15 de enero.

Si, como parece muy probable, el resultado es negativo, se abre la temible posibilidad de un abandono de la UE en medio de una situación caótica, con muy graves perjuicios económicos, una intensificación del desencanto político y una oleada de inquietud social. Quizá, en su lugar, sea posible negociar una extensión de la fecha límite de la ruptura definitiva (29 de marzo), para buscar salidas alternativas, incluida otra modalidad de divorcio o hasta un segundo referendo, que parece ser la opción más conveniente y que, según las encuestas, esta vez daría la victoria a la permanencia. Sin embargo, la extensión del plazo requiere la unanimidad de los restantes 27 países de la Unión, algo que parece difícil.

La lección de los perjuicios acumulados, y la expectativa de otros aún peores, resulta trágica. Los británicos la están sufriendo en carne propia, pero a todos debe alertarnos sobre los enormes riesgos del populismo. En algunos casos, puede haber marcha atrás, pero en otros, los efectos serán irreversibles.