21 febrero

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, no quiere seguir discutiendo sobre su disposición a retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ese tema lo llevó a la segunda ronda y es de capital importancia para un considerable número de electores. Es imposible hacerlo a un lado mientras subsista la nebulosa creada por el propio aspirante presidencial.

Prueba de la indefinición subsistente son las declaraciones del candidato al concluir su encuentro con el expresidente Óscar Arias. “Nunca dije que fuera la primera opción”, afirmó. Tampoco había mencionado otras, pero, si el abandono de la Corte no es la primera, valdría la pena identificar las demás en orden de prioridad. Los periodistas hicieron la pregunta y el candidato respondió: “Estamos trabajando en ese detalle”.

El tema no puede darse por cerrado mientras no haya claridad sobre los aliados internacionales de don Fabricio y sus motivaciones

Pasado un mes y medio desde su primera declaración, donde fue más allá del rompimiento con la Corte para plantear la posibilidad de dejar la Organización de Estados Americanos (OEA), Alvarado sabe que la única medida mencionada hasta ahora no es su primera opción, pero no tiene claras cuáles ensayaría antes de desencadenar la catástrofe.

Sabemos, sin embargo, que la posibilidad del rompimiento sigue sobre la mesa. Para erradicarla, el candidato se vería obligado a desdecirse y fue enfático en negar esa posibilidad. En suma, volvemos al punto de partida. Costa Rica abandonará la Corte si las primeras medidas no rinden fruto, pero ni el candidato sabe cuáles y cuántas son esas medidas. Es fácil entender por qué el tema no está cerrado.

En el discurso de don Fabricio, asoma una sola medida alternativa, totalmente ineficaz de cara a la opinión consultiva de la Corte: el uso de “la vía diplomática” para defender la “soberanía”. Esa afirmación crea nuevas nebulosas. La aceptación de la jurisdicción de la Corte fue un acto soberano, de Costa Rica y del resto de las naciones firmantes. El contenido esencial de ese acto soberano es el compromiso de acatar las resoluciones de la Corte. En consecuencia, no se les puede tener por lesivas para la soberanía porque su obligatoriedad nace, precisamente, del libre ejercicio de ese atributo.

Si las obligaciones adquiridas al aceptar la jurisdicción de la Corte fueran incompatibles con la soberanía, no habría derecho internacional y Costa Rica estaría en grave peligro. Para nuestra suerte, Nicaragua entiende mejor la compatibilidad entre su soberanía y el respetuoso sometimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya. Antes de dar el tema por cerrado, como pretende don Fabricio, es preciso esclarecer la naturaleza de la “soberanía” que procuraría defender por vías diplomáticas.

Si la “soberanía” de los Estados se impone sobre las resoluciones de la Corte, no haría falta abandonarla para apartarnos de sus criterios. Más bien podríamos dar la institución por cerrada. El argumento de la soberanía fue utilizado por Venezuela para no acatar dictados del Sistema Interamericano, pero no por Chile, país de limpias credenciales democráticas, cuyo acatamiento del fallo dictado en el caso de La última tentación de Cristo incluyó una reforma constitucional.

Las “vías diplomáticas” podrían servir para impulsar una reforma al marco jurídico de la Corte. En el contexto de las declaraciones de don Fabricio, el único sentido de la reforma sería recortar la jurisdicción del organismo, sustrayéndole determinados temas. Es una misión muy difícil —casi imposible— con altísimos costos para el país. Además, contradice la promesa expresada a la salida de la conversación con Arias: “Nunca, desde un gobierno de Restauración Nacional y de este servidor, vamos a querer debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Los países del ALBA, alineados con Cuba y Venezuela, están en franca retirada, pero en su apogeo ensayaron esas y otras formas de debilitar el Sistema Interamericano por “vías diplomáticas”. Una de ellas es afectar la composición de la Corte y la Comisión. Es un camino lento y riesgoso, pero posible. Un gobierno empeñado en seguir esa ruta deberá transitar en compañías poco recomendadas, casi siempre con motivaciones inconfesables. La reacción contra el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos viene, como es natural, de los violadores de esos derechos.

El candidato de Restauración ha mencionado la existencia de una red de parlamentarios dedicada a discutir estos asuntos. Hasta la fecha, los grupos transnacionales más activos se nutren de personas próximas al oficialismo en Venezuela, Nicaragua, Ecuador — sobre todo el de Correa— , la Argentina de Cristina Fernández y políticos afines en países donde no gobierna —o gobernaba— la Alianza Bolivariana. El tema no puede darse por cerrado mientras no haya claridad sobre los aliados internacionales de don Fabricio y sus motivaciones.

En suma, la discusión no muere ni morirá aunque don Fabricio gane la presidencia. Subsistirá, al menos, como reclamo por una promesa incumplida. La verdad es que la jurisdicción de la Corte no depende del presidente, no habrá en el próximo Congreso posibilidad alguna de obtener apoyo para desligarnos de ella, la vía del referéndum está cerrada y ninguna gestión diplomática logrará lo que don Fabricio pretende. El solo intento le costará caro al país en términos de prestigio y, posiblemente, de inversión, turismo y exportaciones.

El único capaz de cerrar el capítulo es el propio candidato si reconoce, luego de nuevos estudios, la necesidad de reafirmar el tradicional respeto costarricense por los fallos de los tribunales.