15 enero

Una y otra vez, el Frente Amplio, ahora reducido a fracción unipersonal, paga el precio de su afinidad ideológica con la dictadura venezolana. El alineamiento con el régimen de Nicolás Maduro obliga a los frenteamplistas a exhibir las fracturas entre su discurso para consumo generalizado y otras inclinaciones, tratadas con mayor discreción, por su naturaleza poco potable para la sociedad costarricense.

La agrupación se esmera en plantear alguna distancia con la barbarie chavista —y la sandinista de Nicaragua— pero, periódicamente, surgen circunstancias que se lo impiden. La semana pasada, el Frente Amplio emitió el único voto contra la resolución legislativa aprobada para desconocer el nuevo y espurio mandato de Maduro. Luego, emprendió sus habituales contorsiones para justificarlo.

La gravedad de la situación venezolana ya no permite la justificación sin comentarios

Hace año y medio, los diputados del Frente Amplio rehusaron votar otra condena al régimen de Maduro e invocaron un supuesto respeto al principio de no injerencia en asuntos internos de otros países. Ese principio nada valió en el 2009, cuando la representación del partido exigió pronunciamientos contra la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya Rosales y presentó una moción, posteriormente aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

La desviación de los cauces institucionales en Honduras merecía condena, pero también la merece el golpe de Estado perpetrado por los chavistas en Venezuela contra el legítimo ejercicio del poder legislativo por la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre del 2015, la espuria convocatoria a una asamblea constituyente y las fraudulentas elecciones para extender el mandato de Maduro.

La gravedad de la situación venezolana ya no permite la justificación sin comentarios y, ahora, la representación del Frente Amplio dice compartir muchas de las preocupaciones y críticas por el aumento del totalitarismo, la violación de derechos humanos y la crisis económica en Venezuela. Sin embargo, no se anima a manifestar tan nobles desvelos mediante el voto porque materias tan importantes no se tramitan “por una pinche moción de orden”.

Ahora, al parecer, el problema no es de principio, sino de forma y trámite. Si tanta es la preocupación, ¿por qué no sugiere el Frente Amplio una condena de Maduro y su régimen por la vía procedimental de su preferencia? Quizá pueda utilizar como modelo la resolución promovida por el propio partido en el caso hondureño. Y si no se anima a actuar en sede legislativa, por qué no lo hace en el plano partidario, como sucedió para la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff.

“La democracia en Brasil ha sido afrentada. Condenamos el golpe perpetrado en contra de Dilma Rousseff”, decía en aquel momento el comunicado del Frente Amplio, pero no hay un documento equivalente para el caso venezolano, una horrenda tragedia de muerte, ruina, represión y exilio, para no mencionar la galopante corrupción.

Como para no dar el brazo a torcer, el Frente Amplio recrimina la ausencia de protestas similares contra el asesinato de activistas en Brasil, El Salvador y Colombia, como si las circunstancias fueran iguales y como si el Parlamento costarricense, en condiciones comparables (caso de Honduras), no hubiera actuado. También acusa al Grupo de Lima de estar sometido a los gobiernos de Donald Trump, Colombia y Brasil, pero en ningún momento habla claro sobre lo que ocurre en Venezuela.

Los 43 diputados que respaldaron la moción se suman a la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima y al gobierno nacional, así como a un significativo número de naciones, para exigir respeto a la voluntad popular y a las instituciones democráticas. Hicieron bien, porque el silencio es cómplice. Por eso no debe pasar inadvertido.