Los magistrados no fueron elegidos para dictar política hacendaria, pero lo intentan. El ejemplo cumbre es la oposición a la regla fiscal, una medida de orden general, de ninguna forma relacionada con la organización y funcionamiento del Poder Judicial, salvo lo que pueda tocarle como consecuencia de restricciones del gasto total del Estado en circunstancias de grave endeudamiento.
Para mayor asombro, el presidente de la Corte, magistrado Fernando Cruz, ofrece al país, a las autoridades hacendarias y a la Asamblea Legislativa un plan alternativo. No es su papel y la pobreza del planteamiento desconcierta, pero ahí está, grabado en video y reiterado, con pequeñas variaciones, el miércoles en nuestras páginas.
En sesión de la Corte Plena, el magistrado dio a entender que el plan fiscal vuelca en hombros del Poder Judicial la erradicación de la pobreza. También cuestionó si ellos, de “clase media”, van “a resolver la pobreza del país”. En la publicación del miércoles se da cuenta del absurdo, admite ser “de un estrato elevado” y dice no haber presumido nunca de que el plan fiscal pretenda resolver la pobreza.
En todo caso, la propuesta alternativa de la presidencia de la Corte para sustituir cualquier afectación de salarios y beneficios judiciales parece planteada para ir más allá de la pobreza y, también, rescatar al país de la quiebra. Es una propuesta desconcertantemente sencilla: subir el “impuesto directo” a las personas jurídicas en un 3 %.
Desde la silla presidencial de la Corte Plena, el magistrado afirmó: “El país está por quebrar (…) por supuesto. ¿Por qué no aumentamos el impuesto directo a las personas jurídicas en un 3 %? Si es tanto el problema que tiene el país y la pobreza que no se ha resuelto”.
Hay muchas razones para recordar a los magistrados que no les toca dictar política fiscal, pero la cita añade otra, muy atendible: el desconocimiento del tema. En primer lugar, debemos suponer que el presidente de la Corte se refiere al impuesto sobre la renta porque el único “impuesto directo” a las personas jurídicas es el establecido para complementar los ingresos del Ministerio de Seguridad Pública y aumentarlo en un 3 % no daría ni para la masa del perico.
Según cálculos de Hacienda, si la tarifa del impuesto sobre la renta aumentara en un 3 %, la recaudación subiría en un 0,21 % del producto interno bruto. Con eso no se resuelve el problema de la pobreza, que el año pasado consumió más del 2,6 % del PIB sin que hubiera grandes avances. La inversión en la lucha contra la pobreza es grande, pero buena parte de ella se queda en las marañas burocráticas, dicen los estudiosos del problema, incluido el Estado de la Nación, por años a cargo de Miguel Gutiérrez Saxe, al parecer uno de los economistas favoritos del presidente de la Corte y, sin duda, uno de los colaboradores preferidos de nuestra sección de “Opinión”. Elevar el presupuesto de la lucha contra la pobreza en un 8 % (0,21 % del PIB) no tendrá mayor impacto mientras persistan las malas prácticas administrativas y la ideología del bienestar de la burocracia como fin de las instituciones.
Menos impacto tendría ese 0,21 % del PIB en el rescate del país de su inminente “quiebra”. Solo para eliminar el déficit primario, Hacienda necesita entre un 3,5 % y un 4 % del PIB. Si la idea fuera arreglar los dos problemas, pobreza y “quiebra”, como podríamos entender de la confusa exposición del presidente de la Corte, el absurdo sería mayúsculo.
Quizá por eso la propuesta de la presidencia de la Corte sufre ajustes en el texto publicado el miércoles: “Si fuera por sacrificios, estoy de acuerdo que respecto a las personas físicas y las empresas, el impuesto directo debería ser superior”. No dice en cuánto, por lo cual debemos suponer que se trata del 3 % original, aplicado, también, a las personas físicas.
La confusión de conceptos obliga a otras suposiciones. Descartamos que la propuesta incluya un 3 % adicional al impuesto sobre el salario porque ese gravamen ya aumenta significativamente en el plan fiscal. Seguramente, el impuesto sugerido es para personas físicas con actividades lucrativas y no para los asalariados.
En ese caso, Hacienda calcula nuevos ingresos equivalentes al 0,03 % del PIB, es decir, nada. La suma suena muy baja, pero, sin la aprobación del plan fiscal y la trazabilidad del IVA, la evasión en ese rubro seguirá siendo indomable. En suma, la propuesta alternativa y oficiosa de la presidencia de la Corte no resuelve absolutamente nada. Eso sí, corre el velo para desnudar los endebles fundamentos del razonamiento utilizado para sugerir que paguen otros, por algún motivo obligados a mantener los privilegios burocráticos.
Es fácil sugerir otro 3 %, otro 5 % u otro 10 % si uno está convencido de que la carga tributaria es menos del 20 % y extiende ese promedio a todos los obligados tributarios por igual pero, en el caso de las personas jurídicas, la carga puede llegar a más del doble. Pagan hasta el 30 % sobre utilidades y, luego, sus accionistas cancelan un 15 % al repartir dividendos. En total, es un 40,5 %. Quizá aguanten un 3 % más, pero habría que discutir la prudencia de plantearlo ahora que la inversión extranjera directa cayó en un 28 % y los ingresos fiscales van en picada producto de la desaceleración de la economía. Un 33 % de cero es cero.
Pero sumémonos a la propuesta no solicitada a la presidencia de la Corte. En esa hipótesis, ¿de verdad querríamos los ingresos adicionales —sean pocos o muchos— para evitar tocar las desbocadas remuneraciones y excesivos privilegios del Poder Judicial? ¿No sería mejor dedicarlos a evitar la “quiebra”?
Y, sí, es necesario reafirmar que esos privilegios contribuyen, en buena parte, a la desigualdad social. El presidente de la Corte dice que esa frase “se puede poner en un marco de oro”. Luego, nos atribuye afirmaciones que no hicimos y, por fin, sentencia: “Empero, esta materia no admite manifestaciones tan ligeras. En los informes sobre el Estado de La Nación se da otro enfoque sobre la desigualdad social y sus soluciones”.
Para que la enmarque en oro, como corresponde a las más altas esferas de la Corte, le ofrecemos una transcripción del Vigésimo Primer Informe del Estado de la Nación. Siempre visible, esperamos que la frase ayude a desarrollar sensibilidad frente al problema de la pobreza, tan inasible para cierta “clase media”.
“Pese a que los empleados públicos representan un 20 % de los trabajadores asalariados, los ingresos por esa fuente aportan casi una cuarta parte del IFP (ingreso familiar) y un 37 % del ingreso proveniente de los sueldos y salarios. La mayor parte de estos salarios provienen de empleo calificado (de trabajadores con al menos secundaria completa) y muestran fuertes contrastes por estrato de ingreso. Esta fuente de ingreso casi no aparece en el estrato más pobre (…). En este estrato solo representan el 6 % de los ingresos provenientes de los sueldos y salarios. Por el contrario, en el 20 % más rico, esta fuente (empleados públicos) aporta el 30 % del IFP y la mitad del ingreso salarial. Esto significa que hay una fuerte concentración de esta fuente de ingresos en los estratos de mayores ingresos y entonces impactan en la desigualdad. En efecto, el 72 % de los salarios pagados por el Estado se concentran en el 20 % de las personas con mayores ingresos y el 91 % en los dos quintiles de mayores ingresos. Si la atención se pone en el trabajo público calificado, el 77 % de los salarios lleva al 20 % más rico y el 95 % a los dos quintiles de mayores ingresos”.