21 febrero

La administración Alvarado, por medio de su equipo económico básicamente, ha dado muestras de estar enfrentando con decisión el principal problema macroeconómico del país: el enorme déficit del Gobierno Central. Para ello, afortunadamente, ha contado con el apoyo de un grupo selecto de diputados de diversas fracciones, quienes, correctamente, consideran estar en presencia de un problema del país como un todo, el cual rebasa el período de una administración particular. El Poder Judicial también contribuyó al esfuerzo emprendido hasta el momento.

Pero, como se sabe, el problema no está resuelto en su totalidad y es necesario llevar a buen puerto las reformas pendientes, como nos lo han recordado con dureza Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s, las cuales redujeron la calificación de riesgo soberano en espera de la adopción de la segunda parte de las reformas. En este empeño, conviene afirmar, una y otra vez, la necesidad de tener bien claro cuál es el norte de las medidas de ajuste fiscal.

Otra práctica preocupante, porque equivale a borrar con el codo lo escrito con la mano, es la de limitar profundas reformas en el empleo público solamente a las nuevas contrataciones, no a las actuales

El propósito de la reforma de las finanzas públicas es reducir el déficit para estabilizar el endeudamiento público y detener la hemorragia financiera generada por los pagos de intereses con cargo al presupuesto nacional. Lo anterior, claro está, sin atentar contra el crecimiento económico. Sobre esto último hemos editorializado recientemente y, por ello, en esta oportunidad nos concentraremos en lo primero. Las reformas deben tener un componente cuantitativo notable y producir los resultados esperados a corto plazo, idealmente, en no más de dos o tres años. No más allá, pues arriesgan perder eficacia.

En ese sentido, nos preocupan sobremanera algunas acciones concretas del gobierno, las cuales tienden a reducir buena parte de los objetivos pretendidos con las reformas. Veamos: de acuerdo con estudios demográficos, la población joven del país tiende a reducirse, es decir, el país se envejece. Sin embargo, el Ministerio de Educación continúa contratando educadores como si ese no fuera el caso. Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) avanzan a una gran velocidad, y procesos antes llevados a cabo a mano ahora son hechos por medios automáticos, con el consecuente ahorro de mano de obra, pero el nivel de empleo público sigue creciendo sin tomar en cuenta la disrupción.

El gobierno informa de que hará lo posible para ubicar en algún lugar de su gigantesca planilla a los empleados de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) quienes, por el inicio de operaciones de la moderna APM Terminals, resultan innecesarios. Algo similar prometió a los empleados cesados del extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito). Pareciera ser uno de los fines del sector público actuar –a cualquier costo– como empleador de última instancia.

También se anuncia con bombos y platillos la unión entre el Consejo Nacional de Producción, cuya función desde hace muchos años dejó de ser necesaria, con la Refinadora Costarricense de Petróleo –la cual, dicho sea de paso, no refina– para ejercer un nuevo menú de labores con el único fin de mantener inalterado el empleo público.

Por el temor a ver reducidos sus exagerados beneficios (por ejemplo, la cesantía), una cantidad grande de empleados públicos optó por pensionarse. El gobierno, muy probablemente, procederá a llenar las plazas vacantes y así aumentará el gasto, pues en el futuro deberá cubrir no solo sueldos, sino también las pensiones de los retirados.

Otra práctica preocupante, porque equivale a borrar con el codo lo escrito con la mano, es la de limitar profundas reformas en el empleo público solamente a las nuevas contrataciones, no a las actuales, con lo cual el efecto comenzará a verse en unos 25 o 30 años, cuando el problema fiscal es cosa de hoy.

No se puede servir a dos patrones. Algunas medidas aparejarán pequeños costos para algunos grupos, desafortunadamente, los más sonoros y, muchas veces también, belicosos, pero beneficios enormes para la mayoría ciudadana. El interés de esta es el llamado a tutelar por el Estado.

Si detrás de cada medida anunciada por la administración hubiera una persona versada en el área financiero-contable o la ingeniería, que las analizara, podría cuantificarse su impacto esperado en el tiempo. Si a esa persona o personas las autoridades de turno les prestaran la atención debida, quizá evitaríamos políticas públicas de efectos minúsculos.