EscucharEl exceso de regulación desemboca en pérdida de competitividad de las empresas costarricenses, dice el Banco Central con fundamento en tres estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ni la afirmación ni los estudios son noticia, pero la incorporación del instituto emisor a las voces que claman, desde hace años, por una racionalización de trámites y requisitos es trascendental.
El Banco Central tiene, aparte de la autoridad formal y la independencia necesarias para cumplir las funciones encomendadas por ley, una verdadera magistratura de influencia, casi siempre ejercida con tino. Cuando su presidente dice que «Costa Rica se nos hizo muy cara. Hay que bajar el costo del factor trabajo, las cargas sociales, las tarifas eléctricas y los costos de la regulación», recoge preocupaciones expresadas una y otra vez por el sector productivo, pero les confiere particular relevancia.
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En Chile y México, la creación de una compañía básica es prácticamente gratuita, pero en Costa Rica cuesta más de $300. En países de la OCDE, el costo promedio es de alrededor de $100. La diferencia se explica por la intervención del notario y la frondosidad burocrática. En nuestro país, la creación de la sociedad exige entrar en contacto con seis instituciones, cuando el promedio en la OCDE es de dos y solo una en Chile.
Según el informe Doing Business 2020, elaborado por el Banco Mundial, las complejidades de la apertura de un negocio en Costa Rica la ubican en el puesto 144, entre 190 países, porque se requieren 23 días y 10 trámites para lograrlo.
Rodrigo Cubero, presidente del instituto emisor, urge la digitalización para reducir los costos de transacción entre el ciudadano y el Gobierno, pero también llama a hacer reformas estructurales para liberar el potencial productivo. Según la OCDE, si Costa Rica reformara sus regulaciones ganaría, a largo plazo, un 5,1 % en su PIB per cápita y un 2,8 % en la productividad, además de 1,4 puntos porcentuales en el nivel de empleo.
En setiembre del 2020, cuando el gobierno hizo una primera aproximación a las medidas fiscales para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluyó la propuesta de reducir el peso de las cargas sociales sobre las planillas con la intención de abaratar la producción y estimular el empleo. La propuesta fiscal fracasó sepultada por intensas críticas y, con ella, naufragó también la iniciativa de encontrar medios menos gravosos para financiar las cargas sociales.
La nueva mención del problema por el presidente del Banco Central es un recordatorio de la extensa agenda de reactivación económica pendiente. Va mucho más allá de la necesaria simplificación de trámites, como queda patente en la necesidad de replantear las cargas sociales.
La agenda también involucra la reducción del costo de la electricidad, mencionada por Cubero. La OCDE no tardó en notar que las tarifas de los monopolios estatales incorporan con facilidad todo aumento de costos y, en consecuencia, no hay incentivos para mejorar la productividad. Lo hemos visto decenas de veces cuando las pérdidas producidas por proyectos fallidos son trasladadas al consumidor mediante las tarifas.
La discusión del convenio con el FMI y las leyes para cumplir las metas acordadas exigen, en estos momentos, la atención del país y de sus autoridades, mas no debemos olvidar la existencia de una agenda más allá de la estabilización de las finanzas públicas. Cerrar esta etapa con éxito es un requisito de la reactivación económica; sin embargo, alcanzarlo requerirá un esfuerzo mucho mayor. Celebramos que el Banco Central lo señale.
