EscucharHace once años, Hugo Chávez amenazaba a Costa Rica con el cierre de Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), entonces patrono de 400 personas en Juanilama de Esparza. El Gobierno venezolano compró la industria para fabricar productos con materia prima extraída en la región de Guayana, hasta hace poco una de las grandes exportadoras mundiales de aluminio.
Hoy, la empresa promete quedarse en Costa Rica “a toda costa”, pese a la fuerte caída de la producción minera venezolana, víctima de la mala administración del régimen chavista, de cuya ineptitud no se ha salvado siquiera la industria petrolera, asentada sobre la mayor reserva de crudo en el mundo.
La caída en la producción de aluminio redujo el abastecimiento de la materia prima requerida por Alunasa y, a principios de abril, la empresa presentó ante el Ministerio de Trabajo una solicitud de suspensión, durante tres meses, de los contratos laborales de unos 230 trabajadores. En ese momento, anunció la intención de operar con solo cuarenta empleados mientras conseguía materia prima de otros orígenes.
Si el aluminio deja de venir de Venezuela, donde no hay perspectivas de recuperación de la minería, y la situación económica de la compañía obliga a intentar la suspensión de sus compromisos laborales, la decisión de mantener la empresa “a toda costa” es incomprensible. Los administradores atribuyen el empeño a las palabras del canciller Jorge Arreaza, pronunciadas durante la toma de posesión del presidente Carlos Alvarado: “Estará allí para cumplir la labor social para la que fue creada”.
La explicación tiene poca credibilidad. La “función social” pasó a segundo plano cuando Chávez amenazó con el cierre y traslado de la planta a Nicaragua al calor de un simple enojo por declaraciones del entonces presidente Óscar Arias. Por otra parte, el régimen de Nicolás Maduro enfrenta una calamidad social en su propio país y es difícil creer en el propósito de ayudar a Costa Rica, una nación de ingresos medios con condiciones muy superiores. Tampoco es fácil comprender la labor social de una empresa decidida a suspender la relación laboral con casi toda su planilla mientras localiza fuentes de materia prima en otros países.
Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Alunasa, en cambio, habría cumplido el propósito de legitimar capitales del hombre fuerte del chavismo Diosdado Cabello, miembro de la espuria constituyente convocada por Nicolás Maduro y centro de graves imputaciones relacionadas con el narcotráfico.
LEA MÁS: IMAS estudiará subsidios para empleados de Alunasa
Recibida la alerta del Departamento del Tesoro estadounidense, los bancos han comenzado a renunciar a toda relación comercial con Alunasa, incluido el cierre de sus cuentas y las de su presidente, el general de división venezolano Noel Martínez Rivero, residente en Costa Rica. La ruptura con las instituciones financieras impedirá a la empresa obtener créditos y las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses dificultarán la adquisición de materias primas en otros países, si en efecto existe la intención de seguir operando.
El Ministerio de Trabajo rechazó la solicitud de suspensión de los contratos laborales porque los inspectores no creyeron en la inevitabilidad de la crisis causada por falta de materia prima. El mercado internacional ofrece muchas otras fuentes de abastecimiento, señalaron los encargados de revisar la solicitud. La apreciación es correcta, salvo las dificultades operativas planteadas a una empresa con cuestionamientos tan graves como los formulados por las autoridades estadounidenses. El gobierno debe estudiar el caso con realismo, tomando en cuenta la posibilidad de que Esparza requiera de su intervención y apoyo en cualquier momento.
