20 abril

El cierre del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) urge si todavía tenemos algún respeto por el dinero de los contribuyentes. Lo dice el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), impulsor de un proyecto de ley para poner fin a la institución, cuya utilidad se limita, en la actualidad, a pagar salarios y consumir recursos necesarios para ayudar a estudiantes sumidos en la pobreza o para enfrentar el interminable catálogo de males exacerbados por la pandemia.

Con Fonabe, nos encontramos ante el Estado innecesario. Nos lo dice el propio Estado cuando urge el cierre para atender mejor las tareas encomendadas.

Desde hace un año, el único aporte de Fonabe es administrar el 4 % de las ayudas otrora a su cargo. Esa modesta labor puede ser desempeñada por quienes se encargan hoy del otro 96 %, con mayor provecho para la sociedad y los beneficiarios. Pero Fonabe todavía cuenta con 30 funcionarios.

La sangría de millones invertidos desde el año pasado en una institución innecesaria continuará mientras los legisladores no reúnan el valor para ponerle fin, pero, cuando lo hagan, no habrá garantía de una reducción de la planilla estatal. Como tantas otras veces, a los funcionarios probablemente se les reubicará en otras posiciones donde hasta al momento no han sido necesarios.

La mejor prueba son otros 34 empleados, todavía en la planilla de Fonabe y a préstamo en diversas entidades públicas porque en la institución donde cobran el salario no hay necesidad de sus esfuerzos. Entre ellos y sus compañeros todavía destacados en Fonabe seguramente hay personas talentosas cuyos servicios importa retener, pero hacerlo no debería implicar un crecimiento de la planilla total, sino la sustitución de empleados menos eficientes.

Si las instituciones públicas se resisten a morir, aun después de demostrada su inutilidad, las planillas son de plano indestructibles. Por lo pronto, los salarios cuestan a los contribuyentes ¢74 millones mensuales. En total, el cascarón del Fonabe consume ¢2.100 millones anuales, suficientes para conceder 4.250 nuevas becas a estudiantes de preescolar y primaria, según los cálculos de Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del IMAS.

Los diputados no tienen la misma prisa que las familias de escasos recursos y nadie protesta por los potenciales becarios. En Costa Rica, la “justicia social” se hace mediante el empleo público y, con frecuencia, a costa de los más necesitados. Todo planteamiento de esta naturaleza deriva hacia la cansina discusión sobre el tamaño del Estado. Planteada así, en abstracto, la conversación rara vez conduce a resultados. No se trata de decidir entre Estado pequeño y Estado grande, sino de precisar cuál es el Estado necesario.

Con Fonabe, nos encontramos ante el Estado innecesario. Nos lo dice el propio Estado cuando urge el cierre para atender mejor las tareas encomendadas. A la voz de Bermúdez, se suman la del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, y la del presidente, Carlos Alvarado. Los tres encaran la grave crisis social desatada por la covid-19 y la escasez de recursos para financiar programas sociales dependientes de las contribuciones patronales al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

No se trata de acelerar el cierre de Fonabe para disminuir el gasto público. El país necesita ahorro, pero no en la ayuda directa a grupos cuyas necesidades crecen con la pandemia. El ahorro en Fonabe, si de verdad se produce, debe destinarse a becas. Es la idea planteada por el exdiputado Ottón Solís en su plan CERRAR, desafortunadamente archivado por el Congreso. El norte no es disminuir el gasto social, sino hacer que cuente, y eso no lo lograremos nunca con el desarrollo incontenible del Estado innecesario.