19 octubre

La pesca de arrastre es un dificilísimo dilema para nuestro país. Por un lado, están los habitantes de zonas costeras empobrecidas, donde las fuentes de empleo escasean y el mar ha sido, por generaciones, un medio para ganar el sustento. Por otro, está el innegable daño ambiental causado por la técnica tradicional.

En el 2008, y también en el 2017, estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) concluyeron que el 95 % de lo extraído en las redes empleadas para la pesca tradicional es “fauna de acompañamiento” o “pesca incidental”. Solo el 5 % es camarón.

El dilema llegó hasta la Sala Constitucional, de donde salió una prohibición relativa. En Costa Rica, no puede haber pesca de arrastre mientras los estudios no demuestren la eficacia de nuevas técnicas y equipos para armonizar la captura del camarón con el “desarrollo sostenible democrático”.

El Incopesca dice haber encontrado la solución. Sus nuevos estudios hablan de reducir la captura incidental al 25 % y la Asamblea Legislativa los tomó como fundamento para tramitar, mediante procedimiento abreviado, un proyecto de ley destinado a revivir la actividad pesquera no solo en aguas del Pacífico, sino también en el Caribe.

Los estudios del Incopesca miden el efecto de una nueva red, denominada AA Costa Rica, cuyo diseño evita la captura de peces y tortugas, pero académicos y ambientalistas niegan rigor científico a los experimentos. También, la Procuraduría General de la República expresó a los diputados dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, precisamente, por la insuficiencia de estudios para darle respaldo.

El Centro de Investigación en Ciencias del Mar de la Universidad de Costa Rica se suma a los cuestionamientos, y el propio gobierno duda de los estudios técnicos ejecutados hasta ahora. El Incopesca, señala la Procuraduría, planea ejecutar nuevas investigaciones a lo largo de los dos próximos años, lo cual parece confirmar la necesidad de más estudios.

Pese a las objeciones, el Congreso debe continuar el trámite expedito. Si el proyecto lograra aprobación legislativa, siempre habrá posibilidad de revisar lo actuado mediante el control de constitucionalidad. Sin embargo, los diputados deben tener en cuenta la discusión científica y, en caso de duda, inclinarse por defender el ambiente.

No se trata de escoger entre la ecología y las comunidades necesitadas de empleo. Optar por la ecología es, también, hacerlo por los pobladores de las zonas afectadas. Si los estudios presentados por el Incopesca no son acertados, todas las formas de pesca podrían desaparecer en poco tiempo. Los mares, explotados para suplantar las soluciones económicas requeridas en la actualidad, estarán demasiado empobrecidos para brindar iguales beneficios en el futuro.

En materia ambiental, hay cada vez menos margen para el error. Nunca antes la humanidad tuvo capacidad para producir tantos daños irreversibles, y de eso solo se ha venido dando cuenta en las últimas décadas, luego de constatarlos. Ya desapareció la tercera parte de las aves de Estados Unidos y Canadá, y la biomasa de insectos en Europa disminuyó significativamente. La pesca en el golfo de Nicoya no es lo que era, como lo atestiguan relatos de otros tiempos.

La solución de los problemas de las comunidades pesqueras es urgente. La pregunta es si la pesca es el camino y si hay forma de transitarlo por largo tiempo, es decir, mediante una explotación racional y sostenible. Mientras no haya certeza, el riesgo de hacer a un lado las dudas es demasiado grande.