1 noviembre, 2018

En dos meses, entre el 31 de agosto y la actualidad, el dólar se ha encarecido en unos ¢30. A primera vista, no parece obvia la relación entre ese precio y el costo de vida de los sectores más necesitados. En esos estratos, el consumo de bienes importados es reducido.

Por eso, cuando se habla de una devaluación acelerada se piensa, por lo general, en los estratos medios, endeudados en dólares y con patrones de consumo más ligados a la divisa. Cuando vienen a la mente los menos afortunados, las preocupaciones giran en torno al costo de la canasta básica alimentaria y sobre ese terreno se levantan las protestas por la aprobación del 1 % del impuesto sobre el valor agregado (IVA) para esos productos.

La devaluación es apenas un componente de esa urgencia financiera, pero, mientras más avance, más peso tendrá

Dejar la canasta básica fuera del IVA más bien podría encarecer los productos por la imposibilidad de deducir lo pagado al final de la cadena, como lo hemos explicado en otras oportunidades, pero de nada sirve argumentarlo. La falta de trazabilidad de las transacciones estimula la evasión y rompe la cadena del IVA, pero eso tampoco conmueve a los críticos del plan fiscal.

Sin embargo, es preciso contemplar con mayor detenimiento la relación entre déficit fiscal y tipo de cambio cuando hablamos de proteger a los más necesitados, que de ninguna manera están exentos del encarecimiento de las importaciones. Los sectores empobrecidos del país consumen, por ejemplo, servicios de transporte que dependen de equipos, repuestos y combustibles adquiridos en el extranjero.

En la precariedad de su situación, las fluctuaciones del precio de los combustibles y su efecto sobre las tarifas de autobuses, para no citar otros ejemplos, pueden tener un efecto devastador. En el caso de los carburantes, la situación es más grave por el aumento en los precios internacionales del petróleo, pero la devaluación opera como catalizador de las alzas en el mercado interno.

El precio de la canasta básica ronda los ¢50.300 en zona urbana. El 1 % del IVA le añadiría ¢503. Ese monto seguramente quedó superado, en estos dos meses, por el efecto acumulado de la devaluación sobre el precio de bienes y servicios esenciales, aunque sean regulados.

El agua y la electricidad, por ejemplo, no escaparán a las variaciones en el tipo de cambio, tanto por la necesidad de importar insumos para producir como por el servicio de las deudas en dólares. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ya pidió un 13 % de alza en las tarifas de luz para el 2019 con el objeto de atender su deuda. La devaluación es apenas un componente de esa urgencia financiera, pero, mientras más avance, más peso tendrá. Por lo pronto, el 13 % tendría sobre el consumo más bajo un efecto varias veces superior a los ¢503 por los cuales se ha venido debatiendo con tanta intensidad.

En suma, la defensa de los más necesitados pasa por la rectificación de las finanzas del Estado y cada día de demora erosiona la capacidad adquisitiva de todos, con efectos mucho más fuertes sobre ese grupo de la población, al cual se le devolverán los recursos recaudados en forma de programas asistenciales.

Pero la devaluación no es la única amenaza nacida del desequilibrio fiscal. La inflación, en parte impulsada por la devaluación misma, consumirá los ¢503 en un dos por tres sin necesidad de salirse de la canasta básica. Los propios productos elementales de esa lista subirán de precio si el país no encuentra el equilibrio fiscal. La defensa de los costarricenses menos favorecidos exige, en primer término, hablar con seriedad.