Editorial

Editorial: El creciente poder de los alcaldes

Si los acontecimientos de este lunes, 15 de noviembre, contribuyen a concretar la prohibición de la reelección indefinida de los alcaldes, el triste episodio no habrá pasado en vano

De la mano de la diputada María José Corrales, el Partido Liberación Nacional se convirtió en columna vertebral de la exoneración de las municipalidades de la regla fiscal y la elevación del límite a los recursos del impuesto sobre los bienes inmuebles que pueden ser dedicados a gastos administrativos. El proyecto de ley también pretendía librar a los concejos del sistema unificado de compras públicas, diseñado para incrementar la transparencia y combatir la corrupción.

Esa última propuesta no prosperó porque los propios gestores del proyecto la reconocieron como excesiva. La misma suerte corrieron la autorización para contratar personal por la libre y la anulación de otras medidas de fiscalización. Los diputados habrían estado encantados de aprobarlas, con el aplauso de los alcaldes congregados enfrente de la Asamblea Legislativa para ejercer presión. Varios de esos gobernantes locales fueron detenidos este lunes, 15 de noviembre.

Los alcaldes también acudieron a apoyar la moción del secretario general de Liberación Nacional, Gustavo Viales, para recortar ¢29.244 millones al presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y trasladarlos a las municipalidades para mantenimiento de vías cantonales. La ejecución de esas tareas en el pasado reciente constituye el motivo de los allanamientos de este lunes. La Comisión de Asuntos Hacendarios avaló la medida con nueve votos a favor y uno en contra, pese a las objeciones del Ministerio de Hacienda, preocupado por las vías nacionales.

La fuerza de los «municipalistas» en el Congreso no sorprende. Nace de su influencia en las propias estructuras del PLN, cuyo secretario general es hijo del alcalde de Corredores y activo promotor de ventajas para los gobiernos locales. La presidenta de la agrupación, Kattia Rivera, viene de ser vicealcaldesa de Santo Domingo.

Los alcaldes demostraron su peso en la Asamblea Nacional celebrada en diciembre, donde consiguieron allanar el camino al Congreso de varios miembros del sector, lo cual se refleja claramente en las papeletas propuestas al electorado. El candidato presidencial perdió el derecho a designar los llamados «diputados nacionales» y solo pudo decidir el primer lugar por San José. Los alcaldes también ganaron siete puestos en la Asamblea Nacional, uno por provincia, y otro espacio en el Directorio Político.

Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos detenido este lunes, abogó por las reformas argumentando la necesidad de que el partido sea más democrático y «se tome en cuenta a las bases del pueblo», aunque la representatividad de los gobiernos locales no se fundamenta en votaciones masivas en las elecciones municipales.

La tendencia a la municipalización no es exclusiva del PLN. La Unidad Socialcristiana emprendió el mismo camino mucho antes, pero los liberacionistas son, en este Congreso, la fracción más numerosa y, por su medio, los intereses localistas han conseguido impulsar sus causas.

La conciencia de su poder llevó a los alcaldes liberacionistas a pretender la imposición del candidato presidencial sin celebrar una convención y, posteriormente, Roberto Thompson, exalcalde de Alajuela y uno de los aspirantes a la candidatura, se lanzó con los gobernantes locales como base política. Varios alcaldes, entre ellos Alberto Cole, detenido este lunes, abandonaron a Thompson cuando la ventaja de José María Figueres se hizo evidente; sin embargo, muchos llegaron con él hasta el final, cohesionados por Nixon Ureña, de San Ramón, destacada figura del Círculo de Occidente, una alianza informal de gobiernos locales de Alajuela.

El PLN también introdujo en la corriente legislativa proyectos de ley para encargar a las municipalidades la construcción de centros educativos y hasta desarrollar programas de vivienda de interés social. Por el contrario, ha sido notable su oposición a la iniciativa para limitar la reelección de los alcaldes. Esa reforma es clave para enderezar el régimen municipal, sometido al gobierno de los mismos funcionarios durante décadas, y frenar el localismo que rápidamente permea el resto de la institucionalidad. Si los acontecimientos de este lunes contribuyen a concretar el cambio, el triste episodio no habrá pasado en vano.