La agonía del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) se ha prolongado innecesariamente por la impericia y desidia de muchos (“Mora de Bancrédito se triplicó con salida de banca comercial”, La Nación, 5/12/2017). Si el banco ya no opera como intermediario financiero (captar recursos del público y prestarlos) y, por tanto, ha cerrado muchas agencias y oficinas, no tiene sentido mantener su cascarón abierto por más tiempo, pues eso lo único que logra es aumentar costos y penurias y, también, la morosidad de lo que queda de su cartera de crédito. A manera de ilustración, de junio a octubre de este año, la cartera con más de 90 días de mora y en cobro judicial pasó de ¢13.000 millones a ¢42.000 millones. La cifra es mucho más alta si se considera la mora a partir de, por ejemplo, 15 días.
Como era de esperar, la morosidad tiende a elevarse porque muchos clientes ya no tienen cerca las oficinas bancarias donde antes efectuaban sus pagos y también porque no reciben llamadas de cobro y, quizá, hasta porque algunos podrían esperar una actitud pasiva de las autoridades que se traduzca en perdón de sus deudas.
El cierre de Bancrédito debe ser inmediato, con independencia de si en un futuro se crea o no otro ente estatal denominado “banca de desarrollo”, lo cual, de todas maneras, no procede, pues esa función ya tiene quienes la desempeñen. De los costos de la demora en el actuar, los que más han de sufrir son el Ministerio de Hacienda, el principal acreedor de Bancrédito, y la ciudadanía en general.
Si es el Estado costarricense el que de manera directa ha de sufrir las consecuencias de la agonía, ¿por qué el Consejo de Gobierno no ha procedido a instruir a las junta directivas del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y del Banco de Costa Rica (BCR) para que cuanto antes acuerden con Bancrédito la compraventa de lo que queda de su cartera crediticia, a los precios de mercado o, en último caso, a uno inferior, pues a fin de cuentas se trata de bolsas del mismo Estado? De procederse de esa manera, el BNCR y el BCR utilizarían los recursos humanos y tecnológicos con que cuentan en sus muchas agencias, sucursales y oficinas para cobrar eficazmente los créditos que hoy —por falta de debida diligencia— se encuentran morosos y solo arriesgan a dañarse más.
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Hay una inercia, que ronda en impericia, injustificable en esta materia. No vemos por ningún lado la acción oportuna del Ministro de Hacienda, rector teórico del sistema financiero costarricense, ni del Consejo de Gobierno, representante de los accionistas de Bancrédito, y el paso del tiempo solo parece aparejar más penurias de iliquidez y hasta insolvencia para esta entidad. Lo que ahora procede reconocer es que si no hay forma clara de revivirlo, como parece ser el caso, lo que se debe hacer es darle formal sepultura. Apoyamos plenamente la solicitud de voceros del sector empresarial del país para un cierre ordenado cuanto antes.
Que la experiencia de Bancrédito no se olvide. Operó por mucho tiempo como un pequeño banco estatal en un mercado donde también lo hacen dos actores más grandes —el BNCR y el BCR— y muchos otros de propiedad privada. Su objetivo económicosocial nunca fue claro. En algún momento fue herido por debilidades en su gobernanza (cargos en juntas directivas que no se llenaban con banqueros, sino con allegados a la administración política de turno, planillas abultadas, poca agresividad comercial) y la propia garantía estatal que por ley opera para él terminó quitando a sus directores y funcionarios el temor a la quiebra. Que los otros bancos estatales extraigan enseñanzas de este triste episodio del Estado empresario.
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