El conjunto de medidas de ajuste fiscal, algunas incluidas en leyes y otras son acciones administrativas, ha estado acompañado de muchos signos de interrogación. Cuando se creía que las reformas destinadas a contener el crecimiento del gasto público tenían el camino libre para concretarse, voceros de estratégicas dependencias públicas (Poder Judicial y Caja Costarricense de Seguro Social) se niegan a cumplir su parte. A estas se suman las universidades y las municipalidades. Las razones esgrimidas para rehuir la puesta en práctica de lo estipulado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y continuar disfrutando de indebidos privilegios, se centran en una mal entendida autonomía; autonomía que, como se sabe, es solo en lo técnico, más no en materia de gasto.
Un grupo de diputados hasta aboga por dejar sin la debida regulación las huelgas en servicios esenciales como los brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en lo referente a enfermedad y maternidad, y por Recope, empresa que, al no actuar en competencia, también debe ser calificada de tal. Si los burócratas no incurren en costo alguno, ni siquiera en el rebajo de los salarios mientras están en huelga ni después, cuando son declaradas ilegales, es de esperar la frecuencia y severidad de estas en el futuro.
Las principales calificadoras internacionales de riesgo soberano no solo asignaron una baja nota a los títulos de deuda del Gobierno de Costa Rica y los ubicaron en la categoría de especulativos, sino también los pusieron en perspectiva negativa, lo cual quiere decir que si el entorno no muestra claros signos de mejora a corto plazo la calificación empeorará.
Además de las huelgas, la mezcla de anuncios encontrados salidos de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, más parecidos a lo internacionalmente denominado “política de bandazos”, el mercado financiero comienza a penalizar los títulos de deuda del Gobierno y exige tasas de interés superiores para aceptarlos.
Los cambios en el clima internacional de inversión obedecen a factores externos, sobre los cuales aquí no tenemos control, e internos, que deberían ser manejados con cuidado y coherencia a mediano y largo plazo. Entre los primeros, cabe destacar que la incertidumbre mundial genera la búsqueda por parte de los inversionistas de seguridad ante todo —actitud denominada flight to safety— y el cobro de de primas cada vez más altas por invertir en títulos de mercados emergentes, como los de Costa Rica.
Los potenciales compradores de bonos de nuestro Gobierno también ponen su mirada en la posibilidad de que la reforma fiscal produzca los resultados esperados y por eso recurren, entre otros datos, a la opinión de calificadoras como Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s. En efecto, como informamos, para que opten por dedicar su ahorro a la compra de bonos costarricenses, la tasa de interés debe ser, cuando menos, cinco puntos porcentuales superiores a lo que obtendrían por títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Ese es el precio, o prima por riesgo, de la menor confianza que les merece la forma como aquí se conducen las finanzas estatales.
Las autoridades de la CCSS, el Poder Judicial, las universidades y las municipalidades deben tomar conciencia del enorme costo de sus acciones para la Hacienda pública y para el país como un todo, pues en situaciones de incertidumbre rige la regla conocida como “techo soberano”, según la cual ningún emisor de deuda tiene mejor calificación que la del gobierno del país donde reside.
Cinco puntos porcentuales sobre una deuda del Gobierno Central, que ronda el 60 % del producto interno bruto, equivale a un 3 % del PIB, y eso es mucho más de lo que el Estado invierte en obra física anualmente. Abogamos por la coherencia interna de las políticas que adoptemos para detener el crecimiento de la prima.
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