Una de las dimensiones más estimulantes, relevantes y promisorias impulsadas desde la campaña y reafirmadas durante este proceso de transición por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, es el compromiso de su nueva administración con el ambiente, en particular la contención y eventual reversión del cambio climático. La tarea es de largo plazo y efectos diferidos, razón de más para no perder tiempo.
Biden lo reafirmó de manera un tanto hiperbólica, pero también bienvenida, al decir que su país está dispuesto a asumir el liderazgo internacional en la materia. Para ello, designó al exsecretario de Estado, exsenador y excandidato presidencial demócrata, John Kerry, su enviado especial para el clima, con asientos tanto en su gabinete como en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca.
Difícil imaginar un compromiso tan sólido y un perfil tan alto en la materia, no solo por los atestados políticos de Kerry, sino por una larga trayectoria de empeño en el tema ambiental. Esta incluye, entre otras iniciativas, el establecimiento, el año pasado, de una coalición de demócratas y republicanos dispuestos a trabajar en conjunto contra el cambio climático, lo cual, a su vez, podría facilitar que un Senado eventualmente controlado por la oposición esté dispuesto, cuando menos, a considerar una legislación adecuada.
A lo anterior se añade, como una manifestación más de responsabilidad, el anuncio del presidente electo de que una de las primeras decisiones que tomará al llegar a la Casa Blanca, el 20 de enero, será reincorporarse al Acuerdo de París sobre cambio climático, instrumento internacional de mayor relevancia en la materia.
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Tanto Kerry como Biden, además, son conscientes de que las acciones deben empezar por casa; es decir, el liderazgo se basa en el ejemplo. Esto implicará que, tras un período de absoluto oscurantismo y truculentas reversiones de elementales normas ambientales del presidente Donald Trump, el Gobierno Federal, en alianza con sus pares estatales, locales, científicos, académicos y empresariales, se vuelque a impulsar una verdadera transformación de la matriz energética estadounidense y otras medidas destinadas a conciliar el desarrollo económico con la protección del ambiente. Como adelanto, a la vez visionario y oportunista, el gigante automotor General Motors anunció que se retira de una querella iniciada por el actual ejecutivo contra los controles de California a las emisiones de los vehículos.
Allí donde Trump se puso temerariamente al servicio de la industria del carbón y el petróleo, con el argumento espurio de que esa era la única manera de mantener el crecimiento económico, Biden piensa, y la evidencia empírica lo respalda, que un vuelco hacia una estrategia económica «verde» es la mejor ruta para impulsar el desarrollo y hacerlo compatible con responsabilidades nacionales y globales a mediano y largo plazo. Pocos países como Estados Unidos tienen el músculo financiero, la capacidad científica y tecnológica, el ímpetu innovador, las vinculaciones entre academia, Estado y empresas y la flexibilidad institucional tan robustas para impulsar la tarea.
Asimismo, y contrario a lo que pueda pensarse si nos focalizamos en la retórica de Trump y las reacciones de su base electoral más dura y reducida, dos tercios de los estadounidenses han manifestado en varias encuestas que el gobierno debe hacer más para enfrentar el cambio climático. En otras palabras, el tratamiento ambiental de la próxima administración de Joe Biden y Kamala Harris no solo cuenta con excelente recepción internacional, sino también con una base de apoyo local que, bien manejada, podría convertirse en una fuerte palanca legislativa.
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Pero incluso si los avances en la Cámara de Representantes y, sobre todo, el Senado son lentos, la autoridad del ejecutivo le permitirá adelantar múltiples iniciativas, aunque sin duda algunas enfrentarán litigios ante una Corte Suprema de Justicia de mayoría conservadora. La Agencia de Protección Ambiental será una de las puntas de lanza para las nuevas políticas, pero Biden ha instruido a todas las secretarías (ministerios) federales para que incorporen la dimensión climática en sus consideraciones y políticas.
Todo lo anterior permite decir que la transformación en las prácticas, decisiones y compromiso de Estados Unidos hacia el ambiente será profunda: una razón adicional para, literalmente, respirar más tranquilos.